El Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) ordenó al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INEC) hacer públicos los estudios de valoración económica, ambiental y/o riesgo realizados en ríos y arroyos de Sonora, en virtud del impacto ambiental que ocasionó el derrame de sustancias contaminantes del Grupo México, en agosto pasado. Por ello, revocó la respuesta que ofreció a un particular remitiéndolo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al mismo tiempo, al responder a un recurso en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el que se le solicitaba información de las contribuciones que ha hecho a la sección del sindicato en Tabasco de 1994 a la fecha, resolvió que la petición es viable en la medida en que se trata de recursos, pues no corresponden a la asignación de cuotas, sino a aportaciones de la empresa al gremio.

En el caso de Sonora, de acuerdo con el proyecto de resolución presentado por el comisionado Joel Salas, refirió que el propio INEC ha reportado que el costo de ese desastre ascendería a mil 800 millones de pesos y habría afectado a 24 mil personas. Sin embargo, al responder a la solicitud de información rechazó entregar los estudios con el argumento de que se había creado una comisión especial, motivo por el cual el particular debería acudir a la Semarnat.

Evaluación de costo para la naturaleza

Sin embargo, en la determinación del Ifai se menciona que la Ley General de Cambio Climático dispone que está facultado para realizar la investigación científica o tecnológica en materia de protección al ambiente y colaborar con la Semarnat al momento de cuantificar el costo de esos sucesos para el equilibrio ecológico.

Asimismo, consta en el expediente que el instituto participó en los análisis del impacto ambiental que se realizaron en comisiones de la Cámara de Diputados para atender la problemática social que se desprendió del derrame tóxico. En las valoraciones para abrir la información se estimó que el caso es emblemático en materia de transparencia sobre impacto ambiental, porque el suceso va más allá de las pérdidas económicas.

La explotación de los recursos mineros implica, en algunos casos, afectaciones a la población que reside en zonas cercanas, por lo que es necesario que la gente tenga acceso a la información sobre los efectos y su magnitud, así como los riesgos latentes y colaterales.

En torno al caso de Petróleos Mexicanos, en la argumentación del comisionado ponente, Francisco Javier Acuña, se destacaron las maniobras realizadas por el sindicato, mediante la interposición de un amparo, para evitar la entrega de información, una vez que Pemex le notificó que había una solicitud. Dicho amparo fue rechazado por el juzgado donde se presentó, por tratarse de una petición sobre recursos públicos.

Cuando entren en vigor las nuevas disposiciones de la Ley General de Transparencia, que incorporan a los sindicatos como sujetos obligados, ya no habrá estos artilugios, porque tendrán que difundir la información.