La fracción del PRD en San Lázaro y la presidencia de la Comisión de Igualdad de Género denunciaron la alianza en ese grupo de trabajo entre PRI, PAN y Partido Verde (conjuntando una mayoría) para retirar una vez más el dictamen de reforma a la Ley General de Salud, que pretende garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva para los adolescentes.

El documento propone considerar la salud sexual como materia de salubridad general e incluirla en los servicios básicos de salud. También establece que no se requiere la asistencia o ratificación de los padres para prestar servicios de salud reproductiva y sexual a los menores de edad, excepto en aquellos caso en que la prestación de servicios implique un procedimiento quirúrgico o irreversible.

Miguel Alonso Raya, coordinador de los perredistas y la presidenta de la comisión, Malú Mícher, calificaron esa postura de retrógrada, mochilona, que lleva al país a un atraso de siglos.

 Mícher adujo que la iniciativa correspondiente no sólo fue presentada por el PRD, sino también por las diputadas Mónica Molina y Elia Cabañas, del PRI; Dora María Talamantes, del Panal, y Ruth Zavaleta, del PVEM.

 No se trata de una propuesta pro aborto, como han sugerido, PRI y PAN, sino que tiene como objeto otorgar a los jóvenes información y orientación sexual, sobre todo en momentos en que los embarazos de adolescentes son cada vez más, reiteró la legisladora. Alonso Raya refirió que en estados del centro y el Bajío, persiste una actitud retrógrada de los gobiernos.

El documento indica que las niñas, niños y adolecentes son sujetos de derechos, no objeto de protección. La propuesta señala que la atención materno-infantil es prioritaria. Tal postulado implica que el Estado debe garantizar acceso universal a servicios de planificación familiar y salud-materno infantil.