La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) denunció que en el actual proceso electoral una serie de decisiones y criterios adoptados por el Instituto Nacional Electoral (INE) atentan contra los principios de legalidad, certeza y libertad de expresión, así como contra el derecho al trabajo, además de que hay una serie de omisiones al derecho de autor.

El organismo aseguró que hay presión a conductores de programas de entretenimiento, persecución por la cobertura noticiosa político-electoral, restricciones al derecho de las audiencias y multas por seguir criterios de las propias autoridades.

Dijo que comunicadores, deportistas, actrices y actores se han visto obligados a renunciar a sus apariciones en estaciones de radiodifusión para poder participar en el proceso electoral.

Ante estas circunstancias, la CIRT advirtió que el modelo de comunicación electoral requiere ser repensado en beneficio de audiencias, candidatos y del propio proceso electoral, e hizo un llamado al INE y al Tribunal Electoral a que se dé certeza a comunicadores y concesionarios de estaciones de radio y televisión.

En su reclamo, la CIRT señaló que las disposiciones del INE transgreden los derechos de los trabajadores que aparecen a cuadro en televisión o cuya voz es escuchada en radio, pues se les exige renunciar a su fuente de trabajo si aspiran a competir por un cargo de elección popular.

Mencionó entre quienes han tenido que suspender sus participaciones en radio y televisión a Carmen Salinas, Alejandro Camacho, Cuauhtémoc Blanco, la boxeadora Jackie Nava, María Rojo, el cantante Tony Meléndez y Daniel Osorno Calvillo, entre otros.

Asimismo, la CIRT dijo que diversas campañas y promocionales de partidos políticos y candidatos incluyen temas musicales de materiales que están protegidos por derechos de autor y sobre los que no pagan las regalías correspondientes. Puntualizó que las demandas de disqueras, compositores y sociedades de gestión serán a los concesionarios de radio y televisión que las transmiten, porque los partidos políticos y candidatos son inmunes ante las violaciones que se presentan, ya que la autoridad permanece tolerante ante éstas y son omisas al no ordenar que se retiren promocionales que violan otras disposiciones distintas a la electoral.

Para los afiliados a la CIRT la cobertura noticiosa de las campañas y actos político-electorales provoca persecución a los medios y sus comunicadores, aseguró que la incertidumbre y contradicción en los criterios adoptados por las autoridades electorales inhiben el ejercicio de la profesión periodística, la libertad de expresión y daño a las audiencias a recibir información.