El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, consideró que el Sistema Nacional Anticorrupción comenzará a funcionar y dar resultados hasta 2018.

Entrevistado en la Cámara de Senadores luego de la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Belisario Domínguez de esa institución, comentó que dos años es razonable para que empiece a funcionar ese nuevo sistema, encargado de evitar que haya desvíos o malversaciones de recursos públicos, pero para que dé resultados se requerirán por lo menos tres años.

Consideró, sin embargo, que una vez que este Sistema Nacional Anticorrupción haya sido aprobado también en los congresos de los estados, podrá aplicarse con un aspecto preventivo. No tenemos que esperar a que vengan todas las reformas secundarias para empezar con el fortalecimiento.

Portal agregó que más de allá de la fecha en que comiencen a operar las nuevas reglas de combate a la corrupción, todos deberíamos estar pensando que esto va a cambiar, que hay que modificar actitudes, la forma en que estamos trabajando. Creo que debemos empezar a reforzar los temas de integridad, de honestidad, de decir la verdad, de presentar los resultados con mayor oportunidad.

Insistió: Sabiendo todos en el sector político lo que viene, desde ahora podemos empezar a cuidar que no se sigan prácticas que han sido negativas y se pueden corregir situaciones antes de que ocurran.

Agregó que en el caso de la ASF, espera que en la legislación secundaria se le den los alcances suficientes, para que el sistema anticorrupción funcione. No vaya a ser una decepción, algo que la propia ciudadanía va a reprochar.

Se requiere, insistió, que el contexto legal sea suficiente y le permita a la ASF actuar como se espera por parte de todos.

Rechazó que las nuevas facultades que en la reforma constitucional se confieren a la ASF –y que deberán desplegarse en la legislación secundaria– no requerirán mayor personal. “Se deben aprovechar los esfuerzos que hacen los auditores en los estados para revisar el gasto federalizado, la deuda principalmente para programas, que de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, son de cobertura nacional.