La reforma al artículo 73 de la Constitución, que faculta al Senado a legislar en materia de desaparición y desaparición forzada, es un paso fundamental para reconocer de qué forma ocurren ambos delitos en México y sentar las bases legales para combatirlos, subrayó Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.

‘‘Es una reforma importantísima porque se avanza en la elaboración de leyes generales que establezcan los mismos tipos penales en todos los estados para la desaparición cometida por particulares, las desapariciones forzadas y la tortura, lo cual le da certeza a las familias de las víctimas’’, indicó el abogado.

Con esta modificación a la Carta Magna, dijo, se reconoce que gran cantidad de desapariciones tienen que ver con detenciones arbitrarias cometidas por grupos de particulares, lo cual no estaba contemplado antes en la ley a pesar de la frecuencia con que ocurren estos hechos.

El dictamen, aprobado en comisiones del Senado, fija un periodo de 180 días para crear leyes generales contra la desaparición y la tortura, pero ello no quiere decir que ese proceso tenga que hacerse con prisas o de forma descuidada, estimó Gutiérrez.

‘‘Tenemos que trabajar rápido, pero se nos abre una oportunidad para que nos sentemos todos, incluida la Secretaría de Gobernación y la Oficina del Alto Comisionado (de Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y empecemos a construir un consenso’’, adelantó.

Por otra parte, el director de Idheas advirtió que aunque la reforma aprobada tiene rasgos positivos ‘‘deja de lado’’ la posibilidad de crear leyes generales contra fenómenos como el desplazamiento interno forzoso, el uso excesivo de la fuerza por parte de los órganos de seguridad del Estado y las ejecuciones.