Guanajuato, Gto.

La adolescente Alondra Luna Núñez volvió ayer al mediodía con sus padres después de que agentes de la Policía Internacional (Interpol) la detuvieron hace una semana en esta ciudad, la trasladaron a Michoacán y de ahí a Estados Unidos, a raíz de un juicio civil en el que Dorotea García Macedo, residente en Houston, la reclamaba como su hija biológica.

Por gestión del gobierno de Guanajuato, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) obtuvo una prueba de ADN de Alondra, de 14 años de edad, que demostró que sus padres biológicos son Gustavo Luna Romero y Susana Núñez Granados.

El 16 de abril personal de la Procuraduría General de la República (PGR) adscrito a la Interpol ingresó a la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz, ubicada en esta capital, y se llevó a la adolescente.

Luego de estar separada de su familia durante siete días, Alondra arribó ayer al aeropuerto internacional de Guanajuato, donde fue recibida por sus padres, el gobernador, Miguel Márquez; funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado y de la SRE.

El proceso

Por orden del juzgado civil de primera instancia del municipio de Los Reyes, Michoacán, personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) adscrito a la Interpol México recuperó a Alondra Luna, supuesta hija de Dorotea García, quien denunció que su ex esposo se la había llevado.

Autoridades de la Dirección de Derecho de Familia de la SRE identificaron a la menor como hija de Dorotea García.

La PGR informó que la menor fue encontrada en Guanajuato y se procedió a la recuperación en la telesecundaria en la que estudiaba, donde en todo momento estuvo acompañada de su padre.

Alondra fue llevada ante las autoridades judiciales de Michoacán, que concedieron la restitución a su madre, por lo que fue trasladada a Estados Unidos. En todo momento los elementos de la AIC actuaron apegados a derecho, salvaguardando la integridad física, sicológica y emocional de la menor, argumentó la dependencia federal.

Versión de la SRE

En un comunicado, la SRE informó que, como autoridad central dentro del marco de la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, por conducto de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) recibió en 2007 la solicitud de retorno de una menor que fue sustraída de Estados Unidos por su padre.

La información disponible en ese momento apuntaba a que la niña podría encontrarse en Tacatzcuaro, Michoacán, por lo que el expediente fue remitido al Tribunal Superior de esa entidad.

En marzo pasado, autoridades de Estados Unidos informaron que Dorotea García había viajado a Guanajuato e identificado a la menor.

Derivado de ello y en acatamiento a las normas de La Haya sobre derecho internacional privado, la juez solicitó la intervención de la Interpol para que presentara a la menor y, en audiencia, se determinara su identidad y la procedencia de su restitución.

El 17 de abril se realizó la audiencia y se ordenó entregar a la menor a la mujer que la reclamaba. Sin embargo, los padres de Alondra aseguraron que se trataba de una confusión y exigieron aclararla.

El 19 de abril, unas 50 personas, entre ellas familiares y amigos de la alumna, bloquearon la autopista Silao-Guanajuato para exigir que fuera devuelta a su familia.

Ante la controversia por la identidad de Alondra, la DGPME solicitó la intervención de los Consulados de México en Laredo y Houston, Texas, así como de la autoridad central estadunidense y del Centro para Niños Desaparecidos y Explotados, a fin de garantizar el bienestar de la menor, facilitarle la comunicación con sus familiares en México y realizar pruebas de ADN.

Los estudios genéticos practicados el lunes 20 de abril revelaron que la demandante no es la madre de la adolescente, por lo que se tramitó su repatriación.

¡Quiero estar con mis papás!

“Mañana me preguntan todo lo que quieran. ¡Ahora quiero estar con mis papás! Mañana les doy hasta un abrazo, mañana…”, respondió Alondra a las preguntas de los reporteros.

Su padre, Gustavo Luna, recriminó a las autoridades mexicanas e internacionales por este grave error. Se equivocaron en todo desde el principio. Estoy enojado y veremos qué seguirá, expresó.

La Red por los Derechos de la Infancia en México señaló que este caso es paradigmático y preocupante por las violaciones a los derechos de la menor y de su familia cometidos por autoridades mexicanas.

Destacó que se infringió el artículo 73 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estipula que los menores tienen derecho a ser tomados en cuenta en los procesos judiciales donde se diriman controversias que les afectan.

Las autoridades de procuraciuón de justicia, agregó, incumplieron el protocolo de actuación para casos que afecten a menores, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que inició un expediente de queja y solicitará los informes respectivos a las autoridades señaladas como responsables.