El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), Luis Raúl González Pérez, destacó ante senadores que es preciso llegar a la verdad de los hechos ocurridos en Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero pasado, ya que la gravedad de las imputaciones que se formulan (con el video difundido donde se habla de la ejecución de al menos 16 personas por elementos de la Policía Federal) demanda que actuemos con toda seriedad y responsabilidad. Sin embargo, advirtió, no podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones.

Sobre estos hechos, el ex comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró en su momento que esas personas fallecieron debido al fuego cruzado, pero un video difundido el pasado domingo revela que se trató de una ejecución.

En su exposición inicial ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ombudsman señaló: no puedo ni debo dejar de referirme a esos hechos en los que es preciso llegar a la verdad.

Explicó que con base en los nuevos elementos que se han hecho públicos en los medios de comunicación giré instrucciones para intensificar las investigaciones que iniciamos desde el momento mismo de los hechos, a efecto de que a la brevedad la sociedad pueda conocer la verdad de lo que pasó en las primeras horas del 6 de enero de este año en ese municipio de Michoacán.

Insistió en que no podemos precipitarnos ni anticipar conclusiones. Los hechos demandan una indagatoria exhaustiva, integral y objetiva, que agote todas y cada una de las líneas de investigación que aparezcan. Nuestro mandato constitucional y nuestro compromiso con la sociedad nos demandan el esclarecimiento total de los hechos.

En la primera reunión de trabajo que sostuvo con los legisladores refirió que desde el primer momento de su gestión buscó la cercanía con las víctimas de violaciones a derechos humanos y se reunió con los familiares de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero.

La senadora panista Adriana Dávila, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, cuestionó a González Pérez sobre el problema de la tortura y el informe del relator de Naciones Unidas en esa materia. El titular de la CNDH respondió: Tenemos un problema serio de tortura; no debemos soslayar que existe ese problema en el país y he señalado que se deben atender las recomendaciones que hizo el relator.

La senadora priísta Lucero Saldaña insistió sobre ese problema y el ombudsman le dijo que basta un solo caso de tortura para que nos indignemos.

Agregó que organismos públicos de defensa de derechos humanos le han propuesto elaborar un diagnóstico nacional sobre tortura. “Sin desconocer la cifra negra, tenemos que prevenirla y corregirla cuando se comprueben casos de tortura”.

La senadora Mariana Gómez del Campo, del PAN, preguntó al presidente de la CNDH para qué sirvió la reclasificación del (delito en el) caso Tlatlaya (ejecución de civiles por militares) para convertirlo en asunto grave de violación de derechos humanos.

El ombudsman respondió que desde sus inicios así debió haber sido considerada la recomendación que se emitió, porque hubo ejecuciones extrajudiciales. Ponerle el apellido de violaciones graves a derechos humanos tiene los efectos de que deberá haber total transparencia en la investigación, en las sanciones y en el cumplimiento de la recomendación. Si no fuera calificada de grave tendría limitaciones en cuestión de transparencia.

Además, legisladoras de PRI, PAN y PRD le pidieron información sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos. González Pérez explicó que la investigación sigue abierta y se han realizado entrevistas con familiares de las víctimas, con autoridades y con elementos de seguridad que participaron en el operativo. También se han hecho 50 solicitudes de información, se tienen certificaciones médicas y se analiza la investigación de la Procuraduría General de la República.