Madrid.

Decenas de afectados por la estafa de la salida a la Bolsa de Valores Bankia se manifestaron este martes frente a la casa de Rodrigo Rato, ex director del Fondo Monetario Internacional (FMI), en rechazo a su gestión al frente de esa entidad financiera, que tuvo que ser rescatada con fondos europeos por un total de 23 mil millones de euros.

Al mismo tiempo, Telefónica anunció que el también ex vicepresidente de esa multinacional española dejará de brindar sus servicios como asesor debido a los procesos abiertos en su contra.

Rato está a la espera de que la Audiencia Nacional admita a trámite la querella en su contra por los delitos de alzamiento de bienes, fraude fiscal y blanqueo de capitales, que se sumarán a las causas ya abiertas en ese tribunal por el supuesto fraude de salida a la Bolsa de Valores de Bankia, tras alterar su contabilidad y que derivó en una estafa masiva, así como el caso de los gastos de las tarjetas de crédito opacas que utilizaron sus directivos y consejeros durante más de una década, que supuso un fraude de más de 14 millones de euros.

En medio de los gritos de ladrón chorizo (corrupto) y sinvergüenza, Rato salió de su casa custodiado por la policía, que apartó a los manifestantes. Durante una de las reuniones con su abogado, se informó que renunció al consejo de asesores de Telefónica, a la que estaba vinculado desde 2013, para no afectar la imagen de la multinacional, que también tenía como asesor a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, y quien enfrenta un proceso por corrupción.

Rato formaba parte hasta ahora de dos grupos de trabajo constituidos por Telefónica con carácter consultivo y sin ninguna relación operativa dentro de la estructura jurídica y legal de la compañía española. Los dos consejos paralelos estaban orientados al análisis estratégico de las actividades en América Latina y España, respectivamente, y suponían ingresos cada uno de cien mil euros anuales.

El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, compareció en la comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para hablar de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en 2012, y que permitió, entre otras cosas, identificar el supuesto dinero ilegal que tenía como patrimonio el propio Rato y que superaba los 27 millones de euros.

Según Menéndez, de los ciudadanos españoles que se acogieron a la amnistía fiscal, al menos 715 son investigados. Los principales destinos del dinero no declarado al fisco español son Suiza, con 20 mil millones de euros en depósitos, según datos de 2013, así como Andorra y Gibraltar con 4 mil millones de euros y 260 mil euros, respectivamente, dijo.