Integrantes de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos (CMMC) acudieron a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en la ciudad de México, a ratificar una denuncia penal contra el gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez, a quien señalan como presunto responsable de peculado y uso indebido de funciones.

Argumentaron que “el gobierno del estado engañó a los municipios, haciéndoles creer que para ellos se solicitaría un crédito al Congreso local; sin embargo –sostuvieron– el propósito de Graco Ramírez era dejarlos fuera para apoderarse de los recursos en su beneficio, dinero que sería destinado a los 33 ayuntamientos”.

De modo ilegal desapareció la ASF

Gerardo Becerra Chávez Hita, integrante de la CMMC, dijo que existe irritación en los habitantes de la entidad porque el mandatario de manera autoritaria e intransigente desapareció la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) del estado, para crear otra institución a modo, bajo el mando de un militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que le permita ocultar y retrasar la obligación de transparentar los recursos.

Según la denuncia, Graco Ramírez habría utilizado un crédito de más de 2 mil 800 millones de pesos en gastos no autorizados, lo que fue asentado en la querella que el pasado 25 de marzo presentó la CMMC, con base en lo que dijeron fue el resultado preliminar de la revisión que hizo la ASE.

Los inconformes subrayaron que “por la irresponsable actitud de Graco Ramírez, a quien acusaron de uso indebido de atribuciones y facultades, se ha empeñado hasta por 20 años el patrimonio de los morelenses.

El citado crédito no fue gastado como lo aprobó el Congreso de Morelos y como lo mandata la ley, lo cual implica una violación flagrante a leyes federales y estatales, reprochó Becerra Chávez Hita.

Expuso que otras de las irregularidades en las que ha incurrido el gobierno estatal es el excesivo y oneroso gasto de la remodelación o construcción del estadio de futbol Agustín Córuco Díaz, en Zacatepec.

Aseguró que en las obras se destinaron 400 millones de ese crédito y varias centenas de millones de pesos más en campañas turísticas y actos musicales. De prosperar la denuncia ante la PGR la integración jurídica podría tardar unos dos meses, concluyó Gerardo Becerra Chávez Hita.