a documentada investigación de Laura Castellanos sobre las ejecuciones de personas desarmadas y rendidas en Apatzingán confirma la existencia de una virtual política de gobierno que alienta y protege el asesinato masivo y crudo de quienes a faccioso juicio discrecional de fuerzas federales (policías federales, soldados o marinos, según diversos casos conocidos) les resultan o parecen susceptibles de exterminio. No sólo una limpieza social de presuntos miembros de bandos del narcotráfico (a los que se acribilla sin mayores preámbulos y a los que el Estado ni siquiera concede una burocrática averiguación previa para tratar de dilucidar una verdad jurídica de los hechos), sino incluso la matanza de ciudadanos habilitados como guardianes locales del orden a consecuencia de tretas, mezcolanzas, rehabilitaciones y ensayos del propio gobierno federal (las autodefensas y su institucionalización michoacana, la policía rural, en el caso de Apatzingán, todo con Alfredo Castillo como ejecutor de esa guerra sucia, ahora premiado con la Comisión Nacional del Deporte para demostrar que sus andanzas corresponden a la voluntad de Los Pinos).

Castellanos es una periodista independiente que ha publicado reportajes en varios medios nacionales, entre ellos La Jornada. Tiene en su haber dos libros: México armado, una notable investigación sobre movimientos guerrilleros en nuestro país, de 1943 a 1981, y Corte de caja, una entrevista al Subcomandante Marcos. El reciente reportaje sobre Apatzingán contó con testimonios directos, videos y fotografías que demuestran que policías federales asesinaron a sangre fría, sin resistencia y con todas las agravantes jurídicas a 16 civiles, de los cuales una parte pertenecía a la policía rural (armados con palos y piedras, sin armas largas) y otros eran jornaleros y civiles sin relación con fuerzas de seguridad. El patrón de conducta de la policía federal significó el disparo indiscriminado contra grupos civiles, la ejecución directa de algunos detenidos y el impedimento intencional de que se diera inmediata y adecuada atención médica a los heridos.

El episodio de Apatzingán de este año forma parte de una larga serie de actos de violencia del Estado contra pobladores absolutamente ajenos a actividades delictivas, pero también contra miembros de grupos criminales a los que se han aplicado tácticas de exterminio a tabla rasa. Basta recordar que Felipe Calderón inauguró en esa población la guerra contra el narcotráfico que le diseñó el gobierno de Estados Unidos, con una saña que hizo pensar a algunos si la dupla FC-EU se había equivocado al ordenar ataques contra Apatzingán creyendo que era Afganistán.

El 10 de mayo de 2007, por ejemplo, fue atacada una vivienda (Fray Melchor de Talamantes 147, en Apatzingán) donde presuntos narcotraficantes se habían atrincherado, disparando sus metralletas y pistolas, para evitar su detención. Hubo tres soldados heridos pero, en vista de que no se rendían los atrincherados, “los militares activaron un sistema MK-19 instalado sobre uno de los Hummer, y en pocos minutos la casa se vio envuelta en un incendio y luego quedó reducida a ruinas humeantes con cuatro cadáveres semicalcinados y reventados en el interior –el de una mujer, entre ellos– y dos o tres infelices que quedaron vivos y que fueron detenidos (...) A juzgar por las fotos de prensa, la columna de humo podía verse desde cualquier punto de la localidad”. El MK-19 es más que una ametralladora pesada, pues combina funciones de cañón liviano, mortero y arma contra blindajes, según el texto de Pedro Miguel en su columna Navegaciones, en La Jornada, al dar cuenta de los hechos (http://bit.ly/1yM6iYP ).

Inevitablemente los sucesos de este año en Apatzingán encuentran correspondencia con otros en los que han intervenido fuerzas gubernamentales. Tlatlaya, donde miembros del Ejército ejecutaron a acusados de narcotráfico ya indefensos, e Iguala, donde policías municipales, con conocimiento y tolerancia de fuerzas federales, secuestraron y pusieron en ruta de muerte a estudiantes de Ayotzinapa. Pero no son los únicos casos, sino solamente los más conocidos. Diariamente, en circunstancias que ni siquiera merecen atención en medios informativos de todo el país, se producen salvajes agresiones de personal armado de los diferentes niveles de gobierno contra una población que se mueve atemorizada entre la violencia proveniente de los narcotraficantes que se reconocen como tales y los criminales con uniforme o sin él, con credencial e identificación o sin ellas, que practican una cotidiana guerra contra los ciudadanos en general.

Mención especial merece el hecho de que la investigación periodística de Laura Castellanos, publicada en Proceso, Univisión y Aristegui Noticias, tuvo peculiares obstrucciones (metralla DDoS) para su visualización en el portal de la periodista despedida de MVS. Como sucedió meses atrás con Sinembargo, la página de Aristegui sufrió ataques cibernéticos sincronizados e intencionales, dando fe dichas maniobras tecnológicas de un ánimo poderoso que busca boicotear alternativas de información en Internet y sostener en alto el mensaje de que en estos tiempos no son deseadas ciertas expresiones periodísticas disonantes.

Y, mientras el pavoroso escenario político, periodístico y de seguridad pública de Veracruz es llevado como propuesta a Oaxaca por el nuevo delegado del comité nacional priísta, Fidel Herrera, ex gobernador en funciones, en un lance tan denso que exhibe la disposición extrema del peñismo de tomar el control político de la entidad que nunca ha podido gobernar Gabino Cué, ¡hasta mañana, con la secretaria general del partido Morena en el DF, encargada de la presidencia, Raquel Dávila Salas, renunciando por no encontrar condiciones para seguir con el encargo y con el secretario general en la delegación Benito Juárez, Alberto Pérez Schoelly, proponiendo una carta colectiva de autocrítica y señalando, entre otras cosas, falta de transparencia en el manejo de prerrogativas!

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