En los pasados dos años han llegado al país y están disponibles en el mercado privado 150 medicamentos innovadores para el tratamiento de enfermedades crónicas y graves, causantes de la mayor parte de la mortalidad. Se ofrecen como mejor alternativa respecto de los productos ya existentes, más efectivos y con menos efectos adversos y complicaciones. Sin embargo, muy pocos, casi ninguno está disponible en las instituciones públicas de salud debido a su alto costo.

Para la industria farmacéutica, la compra de medicinas no debería ser vista como un gasto, sino como una inversión, que si bien implica un desembolso inicial que puede considerarse elevado, en el mediano plazo un mejor medicamento evitará que los enfermos requieran de alguna cirugía, afirmó Rafael Gual Cosío, director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma).

Con medicinas más eficaces, las personas con diabetes no irían a los hospitales con complicaciones como pie diabético y no habría necesidad de amputarle alguna o las dos piernas, ni con insuficiencia renal, cuya atención significa un incremento severo de costos para las instituciones. Eso es lo que ofrecen los medicamentos innovadores, respaldados por más de 10 años de investigación científica y clínica, sostuvo.

En entrevista, Gual Cosío comentó que el giro dado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para modernizar y agilizar los procedimientos administrativos de liberación de registros sanitarios ha propiciado mayor disponibilidad de medicamentos genéricos y la disminución de sus precios en 70 por ciento, en promedio. Indicó que también aumentó la autorización de moléculas originales. El proceso que antes duraba un año, hoy es de 60 días, precisó.

Lo que falta es que los pacientes del sector público puedan disponer de terapias novedosas.

La Canifarma ve una oportunidad en la participación de los institutos nacionales de salud y el Mexicano del Seguro Social (IMSS) como terceros autorizados para la revisión de los proyectos de investigación clínica a fin de verificar la calidad, seguridad y eficacia de medicinas innovadoras.

Además de validar los protocolos ante la Cofepris, los estudios con pacientes pueden realizarse en esas instituciones y principalmente en el Seguro Social, que es el mayor comprador en el sistema nacional de salud.

Una vez que los laboratorios y el IMSS acuerden los mecanismos para los trabajos, esa sería la vía para que el instituto compruebe las ventajas de los productos y los adquiera cuando hayan sido autorizados para su venta en México e incluidos por el Consejo de Salubridad General en el cuadro básico de medicamentos del sector salud.

Gual Cosío comentó que ahora el IMSS realiza otro largo procedimiento para decidir la incorporación de nuevos medicamentos a su cuadro básico institucional y comprarlo para sus derechohabientes. Muy pocos han pasado ese trámite, señaló.

Dijo que, incluso, la Canifarma explora otras alternativas, como proponer al Seguro Social un esquema para que utilice los medicamentos innovadores durante un tiempo determinado en un grupo específico de derechohabientes y compare sus beneficios con las terapias existentes.

Si al final hay ventajas en menos hospitalizaciones, cirugías o complicaciones, el IMSS le paga a la empresa. De lo contrario, si el uso de la nueva molécula representa iguales o mayores costos, lo pagará el laboratorio.

Gual Cosío admitió que el tema es complejo y su solución no depende sólo de una decisión de los directivos, sino de que también logren resolver la carga financiera que representan las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores. Por eso tienen que ahorrar, aunque sea dos centavos, en medicamentos, aseveró.