La imagen que el gobierno de México pretende vender en el exterior no corresponde con la realidad de un país que promueve en foros internacionales la lucha contra la tortura, pero que cuestiona a quien la señala como acción generalizada en el país; que defiende en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) los derechos humanos, pero no resuelve del todo hechos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa, todo eso lesiona la imagen de México en el exterior, convinieron en señalar diversas organizaciones civiles.

Lo que pedimos es una política coherente tanto fuera como dentro, advierte Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien reitera la preocupación por un país que parece cerrarse al escrutinio interno por parte de mecanismos internacionales, mientras trata de promover otra imagen en el extranjero.

Sostiene que si México había sido uno de los impulsores en la ONU de la lucha contra la tortura, vemos como retroceso y un cambio en la política exterior mexicana que se desconocieran, no las recomendaciones del relator de la ONU para la tortura, Juan Méndez, sino el problema mismo. Cuando no se reconoce el carácter generalizado de la tortura en México, por supuesto que impacta en los mecanismos y en las medidas que tendrá que aplicar el Estado para atender este problema.

–¿Cómo afectan la imagen de México en el exterior hechos como la guerra contra el narcotráfico?

–La lucha contra el narcotráfico es un hito en la historia mexicana. Nosotros hemos venido documentado alarmantes cifras de violaciones graves a derechos humanos, particularmente el caso de la tortura y el arraigo, esto afecta no sólo en política exterior, sino también en el ámbito interno.

“Hay un impacto de las decisiones que se toman en el país como el tema de la constitucionalidad del arraigo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso es muy importante, porque organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, el mismo relator sobre la tortura, el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU han recomendado a México que se elimine el arraigo, y pese a esas recomendaciones lo ubican en la Constitución.

El gran problema es que no vemos esa coherencia. No basta decir de manera enunciativa que se van a reconocer las recomendaciones, si en el país no se toman las medidas para aplicarlas.

Benjamín Cokelet, del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, se refirió a temas tan elementales como la obligación de toda empresa a proteger los derechos humanos de sus trabajadores y de las comunidades en las que dichas empresas se instalan.

Hemos pedido a México y a la Unión Europea adoptar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos, y que el gobierno de México apruebe un plan de acción que incluya los principios rectores en esta materia, agregó.