La Comisión de Defensa de San Lázaro aprobará este martes el dictamen a la minuta del Senado que reforma la Ley de Armas de Fuego, la cual pretende autorizar la portación de armas a agentes extranjeros, principalmente de Estados Unidos.

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso Raya, consideró absolutamente desproporcionada la pretensión de autorizar la portación de armas a extranjeros, entre ellos a integrantes de agencias estadunidenses acusados de perpetrar abusos y violaciones graves a los derechos humanos en contra de ciudadanos mexicanos, incluso en nuestro propio territorio.

Consideró grave que se concedan este tipo de permisos, particularmente a agencias de Estados Unidos que se han caracterizado por su poco respeto a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza, incluso letal.

Además, expuso, en la minuta del Senado no se definen mecanismos de control y restricciones, sino que se dejan a la negociación de acuerdos interinstitucionales, como el operativo Rápido y Furioso, con el que el gobierno de ese país introdujo armas de alto poder para supuestamente seguir su venta a la delincuencia organizada en México.

Explicó que en el casos de permisos temporales para portar armas a los agentes de seguridad de jefes de Estado, ministros o equivalentes, éstos ya se otorgan mediante la Ley de Seguridad Nacional.

Principalmente en el caso del gobierno estadunidense, la mayor parte de los servicios de seguridad se encuentran subrogados a empresas militares privadas, lo que la ONU ha clasificado como mercenarios, dijo.

Resaltó que el gobierno de México ha concedido un trato diferenciado a agencias de seguridad y de inteligencia estadunidenses, y la reforma a la ley de armas podría servir para operaciones encubiertas, sin el pleno conocimiento de las autoridades mexicanas, transgrediendo con ello la soberanía y la seguridad nacionales.

Más que facilitar y agilizar el tránsito de mercancías y hacer eficiente el flujo migratorio, indicó, con la reforma claramente se busca legitimar la actuación de agentes extranjeros en México, en el contexto de su participación más activa en las tareas de seguridad en ambos lados de la frontera.