l parecer muy poco.

En países de emigrantes suele haber secretarías o ministerios de la emigración. Pero México es un país de emigrantes que no se reconoce como tal. La emigración no pasa o no se siente o percibe en el Distrito Federal, por tanto, no es de interés político relevante.

Por eso los asuntos migratorios dependen de una subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos dentro de la Secretaría de Gobernación (SG), así como de la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus 50 consulados, y de otras instancias como las secretarías de Salud, Educación y Trabajo.

Como es de suponerse, cada secretaría labora por su lado y rara vez se coordinan y articulan. Las más de las veces se entorpecen. Aunque en principio México ha sido promotor del principio de coherencia institucional, que predica la articulación y coordinación de diferentes instancias de acuerdo con una política común, en la práctica cada quien trabaja por su lado.

Para que este principio se ponga en práctica, obviamente debe haber una coordinación, y esta debería recaer en la SG. Hemos visto al secretario remangarse la camisa y hablar en directo con los estudiantes del Poli, pero no lo hemos visto, ni lo veremos, hablando con los migrantes, los deportados, sus familias.

Los 11 millones de mexicanos que radican en Estados Unidos no cuentan en el panorama político nacional porque no están presentes, no suelen votar o no los dejan votar, no pueden bloquear una calle, no salen a marchar o a plantarse frente alguna secretaría para demandar sus derechos.

Quizá la excepción fueron los ex braceros que hace unos años se organizaron y salieron a las calles a reclamar sus ahorros, que el gobierno les había retenido por más de 40 años. Otra excepción serían los migrantes centroamericanos que marchan por las rutas migratorias recuperando cuerpos, enfermos, mutilados, señales y despojos de sus gentes que se aventuraron en ir al norte.

Los 11 millones de mexicanos migrantes no importan, y esto lo percibimos claramente en los funcionarios encargados del tema. En la Subsecretaría de Población Migración y Asuntos Religiosos, Paloma Guillén, hermana del otro sub, radicado en Los Altos de Chiapas, pasó dos años y sin tener mayor idea de qué hacer. Ahora le espera una posible diputación y el cargo está vacante desde hace varios meses.

El tema de la población y la migración requiere de un mínimo de conocimientos y formación en el tema, obviamente también de habilidad política. Pero así como no se puede poner a un literato a dirigir la Secretaría de Economía, se necesitan cuadros especializados para los temas de población y migración.

El amiguismo, fidelidad o antigüedad partidaria no pueden ser criterios para definir a la persona que va a ocupar estos cargos. En el Senado, por ejemplo, la encargada de la Comisión de Asuntos Migratorios es la corredora y velocista, especialista en 400 y 800 metros planos, Gabriela Guevara. Una verdadera gloria nacional, pero que no sabe ni tiene por qué saber del tema.

Lo que indica, a todas luces, que para los senadores el asunto migratorio y los 11 millones de mexicanos que viven en el otro lado valen gorro y ése es un puesto de relleno. Por lo contrario, en la Cámara de Diputados, la señora Amalia García, quien fue gobernadora de Zacatecas, no es especialista, pero conoce el tema, lo ha vivido y se ha preocupado por los mexicanos involucrados en la dinámica migratoria.

Para los asuntos de población, el Consejo Nacional de Población (Conapo), que depende de la mencionada subsecretaría, tuvo tiempos pasados cuando sus directores eran profesionales de muy alto nivel en demografía o sociología, y se podía dialogar con ellos desde la academia, sobre temas y problemas tanto técnicos, como políticos y sociales.

Hay asuntos urgentes, como el del embarazo adolescente, que deben ser atendidos y donde no hay posiciones ni políticas claras al respecto. Falta un funcionario especialista en el tema, con suficiente autoridad política y profesional, que no se deje influir y bambolear por las múltiples facciones que opinan y presionan sobre el particular.

En el Instituto Nacional de Migración (INM), que también depende de la mencionada subsecretaría, se colocó a un funcionario con experiencia en temas de seguridad, pero los problemas de extorsión, abuso y participación del crimen organizado en la ruta migratoria persisten. De vez en cuando se allana una casa de seguridad, pero no hay un trabajo sistemático ni coordinación adecuada con otras dependencias para acabar o, por lo menos, mitigar el tema del tráfico de personas y la extorsión a los migrantes.

La denuncia hecha por una enfermera, en días pasados, sobre el trato que se les daba a los migrantes en San Fernando, Tamaulipas (¡otra vez San Fernando¡) pone en evidencia que la depuración interna del INM no ha sido suficiente y que los controles para evitar este tipo de abusos no están funcionando.

La SG cuenta con una Unidad de Política Migratoria (UPM), con personal profesional y capacitado, herencia de sexenios anteriores, pero a la que no se le deja o encarga definir la política migratoria. Con la crisis de los niños y adolescentes migrantes se creó otra instancia encargada de la frontera sur, sin presupuesto, jerarquía o capacidad de operación. Con lo cual se confirma aquella vieja práctica de que ante cualquier problema nuevo la solución es formar una comisión.

Dado que los ritmos políticos de las legislaturas han abierto un espacio a la reconfiguración del funcionariado, sería pertinente que se pensara en colocar en tales puestos a personal capacitado o, de perdida, interesado.

En el tema, digo. No en el hueso.