El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados expuso que en la última Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (Enjo) elaborada por la Secretaría de Desarrollo Social, de los 2 millones 40 mil 414 trabajadores agrícolas registrados, 90 por ciento carecen de contrato formal con sus empleadores, 48.3 por ciento tienen ingresos de tres salarios mínimos y 37 por ciento recibe dos salarios mínimos por jornada.

La información proporcionada por el partido del sol azteca en San Lázaro también señala que 54.8 por ciento de los jornaleros se encuentra expuesto de forma cotidiana a la acción de productos agroquímicos.

Miguel Alonso Raya, coordinador de la bancada perredista, también reveló que existe un registro de 727 mil 527 niñas, niños y adolescentes dedicados, entre otras actividades, al trabajo remunerado como jornaleros agrícolas.

Al referirse al conflicto sociolaboral en San Quintín, Baja California, el político guanajuatense acusó que las autoridades “no cumplen con el mandato de la Constitución, las leyes federales y locales y los tratados internacionales signados por México en materia laboral y de derechos humanos.

Lo que sucede en algunas regiones del país no puede calificarse más que de esclavitud en pleno siglo XXI. Operan empresas mexicanas y extranjeras que no respetan la ley, que ofrecen trabajos mal pagados sin prestaciones laborales de ningún tipo y abusan de los trabajadores, con la complicidad de las dependencias federales, estatales y municipales.

En nombre de su partido, Alonso Raya reprobó en San Lázaro la postura del gobernador de Baja California, Francisco Kiko Vega de la Madrid, quien ha defendido los intereses de los patrones de las empresas agrícolas. Él es un ejemplo de la tolerancia a las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que sufre un sector muy importante en el país, que lo coloca, vuelvo a insistir, en condiciones de esclavitud.

En San Quintín laboran cerca de 80 mil trabajadores en distintos ranchos distribuidos en un enorme valle. Son campesinos provenientes de los estados más pobres del país, que ganan diariamente 110 pesos por jornadas laborales de 15 horas, viven en condiciones de hacinamiento, están expuestos a agroquímicos y carecen de prestaciones y seguridad social.

Alonso Raya refiere que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha documentado (con hechos ocurridos en dos ranchos donde trabajan 200 personas, entre ancianos, adultos y niños) entre las principales violaciones a la normatividad laboral en San Quintín el empleo de niños en su modalidad de trabajo forzoso, trabajo agrícola expuesto a sustancias peligrosas como plaguicidas y pesticidas, carencia total de equipo de protección, seguridad social y capacitación, así como ausencia de control en el manejo de sustancias químicas para jornaleros, fumigadores y población infantil.