El suelo ¿un recurso renovable?

Christina Siebe
Instituto de Geología, UNAM [email protected]

En la escuela primaria aprendemos que el suelo es un recurso renovable. Esta clasificación se basa en el hecho de que un agricultor puede mantener la productividad de su tierra mediante la aplicación frecuente de abonos y fertilizantes. De esta manera repone los nutrientes extraídos por los cultivos, lo cual le permite sembrar año con año, sin necesidad de otorgar periodos de descanso a la tierra.

No sólo los avances de la agroquímica, atribuibles al químico alemán Justus von Liebig (1803-1873), permitieron mantener e incluso aumentar los rendimientos agrícolas. Igualmente el mejoramiento genético de las semillas en las cinco décadas recientes, sumado al control de plagas y enfermedades con plaguicidas y al acceso al riego, ha aumentado la productividad de la tierra considerablemente. Hoy se pueden lograr rendimientos mayores a 20 toneladas de maíz de grano en una hectárea, de la cual hace un siglo apenas se cosechaban dos toneladas.

FOTOS: Christina Siebe

Lo anterior pareciera reforzar el concepto del suelo como recurso renovable, distinguiéndolo claramente de los recursos no renovables como el petróleo, que una vez extraídos no se regeneran, y cuya formación ocurrió hace millones de años bajo condiciones inexistentes en la actualidad. ¿Pero realmente es apropiado que nuestros hijos aprendan que el suelo es un recurso renovable?

Basta con viajar a lo largo y ancho del país y anotar la frecuencia con la cual observamos en los terrenos rasgos de erosión, como lo son surcos y cárcavas. Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 17 entidades federativas del país muestran afectación por erosión en 50 por ciento de su territorio, siendo Guerrero, Puebla, Morelos, Oaxaca y el Estado de México las más afectadas. La erosión hídrica no sólo repercute en la pérdida de la capa superficial del suelo, que es igualmente la más rica en nutrientes. También deteriora la calidad de los cuerpos de agua superficiales, los cuales se muestran turbios y de colores pardos a verdosos a causa de las partículas suspendidas y el crecimiento de algas. El manejo inapropiado, sin prácticas de conservación de suelos de las parcelas agrícolas ubicadas en pendientes, acelera los procesos de erosión. Por ejemplo en el estado de Veracruz se han medido pérdidas de suelo de 150 toneladas por hectárea (uno a dos centímetros de espesor) en un año. Si consideramos que se requieren de cien a 400 años para formar un centímetro de suelo, resulta imperativo reflexionar sobre la pertinencia de catalogar al suelo como recurso renovable.

También la erosión eólica produce importantes pérdidas de suelo. Ésta afecta actualmente a más de 9.5 por ciento de los suelos del país. En el valle de México la frecuente formación de tolvaneras durante la época de secas desprende las partículas de suelo de parcelas en barbecho y las mantiene suspendidas en la atmósfera. En los meses de marzo a mayo estas partículas contribuyen significativamente al deterioro de la calidad del aire en la ciudad, afectando la salud de sus habitantes.

Los procesos de erosión no son los únicos causantes de la pérdida de productividad de los terrenos agrícolas. En los grandes distritos de riego del noroeste del país el riego con agua rica en sales solubles ha provocado la salinización de amplias extensiones, principalmente de Sinaloa. A esto se suma que la aplicación de paquetes tecnológicos sin la adecuada supervisión y sin considerar las condiciones particulares de cada terreno ha provocado la compactación del suelo; la pérdida de la materia orgánica humificada, y la disminución de la actividad de un gran número de organismos, desde lombrices de tierra hasta bacterias, hongos y algas. Todo lo anterior merma la fertilidad de la tierra y obliga al agricultor a utilizar una mayor cantidad de insumos para amortizar la pérdida de productividad. La aplicación de fertilizantes nitrogenados en grandes cantidades no sólo resulta ineficiente en términos económicos, ya que sólo alrededor de 50 por ciento del nitrógeno aplicado es absorbido por el cultivo; también es ineficiente en términos ecológicos, ya que el nitrógeno no aprovechado por la planta es en parte lavado con el agua de riego hacia los mantos acuíferos en forma de nitrato, contaminándolos. Otra parte del exceso del nitrógeno aplicado puede volatilizarse en forma de amoniaco o de óxidos nitrosos y contribuir en la atmósfera al calentamiento global.

La degradación del suelo en las áreas rurales es uno de los factores que promueve la migración de la población del campo a la ciudad. En los grandes valles del centro del país (el valle de México, de Toluca, del Bajío, etcétera) los terrenos agrícolas más fértiles ceden a la expansión urbana y se convierten en zonas habitacionales, dejando para la agricultura cada vez menos terrenos y de menor calidad. Éstos frecuentemente se ubican en pendientes de suaves a moderadas, y por lo tanto son más propensos a erosionarse.

La restauración o rehabilitación de un suelo degradado no sólo es costosa; también requiere tiempo. Para restablecer el contenido de materia orgánica perdido por el abuso de la labranza se necesita de tres a cinco décadas, al igual que para rehabilitar a un suelo compactado. Además, la degradación del suelo no sólo afecta la productividad agrícola y con ello los precios de los alimentos; también deteriora la calidad del agua superficial y subterránea y la del aire y con ello la salud y el bienestar de la población.

Muchas de las consecuencias ambientales de la degradación de suelo son irreversibles. Por ello urge reforzar y ampliar los programas de conservación de suelo en el país, iniciando con una mejor planeación del uso del suelo, en la cual se consideren las características particulares de cada terreno y se defina con base en éstas el sistema de manejo y las medidas de conservación necesarias. La capacitación de cuadros técnicos que puedan llevar este conocimiento a los usuarios es igualmente importante. Hoy en día debería de haber personal técnico especializado en conservación de suelos en cada municipio del país. Pero para poder avanzar con todo lo anterior, quizá se necesita empezar por cambiar la percepción generalizada en la población de que el suelo es un recurso “renovable”.

Degradación de los suelos;
políticas para atenderla

Fernando de León González*, Luis Manuel Rodríguez Sánchez*
y Gonzalo Chapela y Mendoza**
*Departamento de Producción Agrícola y Animal, UAM-Xochimilco ** Coordinador de políticas públicas de la Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Méx) y de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red-Mocaf); maestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. UACh  [email protected]

Degradación de las tierras y dispersión de acciones: dos problemas mayores. Los suelos de México sufren de una falta de atención tanto de los actores sociales que los aprovechan como del sector gubernamental. Los que estudian el suelo, así como los ingenieros agrónomos coinciden en señalar dos problemas nacionales en torno a las tierras: uno es el aumento de la superficie que presenta algún tipo de degradación, y el otro es que las políticas nacionales, las leyes existentes y las acciones de gobierno respecto a la conservación del suelo son dispersas y carecen de una clara dirección. El primer problema está vinculado a prácticas inadecuadas de manejo y el segundo a la falta de atención por parte del Estado para conservar el recurso natural que sustenta la producción de alimentos y la existencia de masas de vegetación que rinden servicios ambientales fundamentales.

La degradación más importante de las tierras es la erosión de los suelos. Se estima que actualmente alrededor de 50 por ciento del territorio nacional presentaba degradación significativa. La pérdida de suelo implica la pérdida de fertilidad, pues con los desprendimientos de tierras se van los elementos nutritivos y la materia orgánica del suelo, la cual es fundamental para que la vegetación natural o los cultivos prosperen. Además de la erosión, hay degradación por contaminación, de manera muy notable la ocasionada por derrames de petróleo y otros combustibles, por plaguicidas de alta residualidad, por mal uso de fertilizantes y por prácticas inadecuadas del riego. Los suelos arables sufren tipos particulares de degradación (física, química y biológica), todos los cuales contribuyen a una baja en la fertilidad de las tierras. A lo anterior se suma la amenaza que representan los grupos de delincuencia organizada, como los talamontes, en diferentes regiones. Ante ello pocos ejidos y comunidades hacen esfuerzos para proteger sus montes y tierras, aplicando buenas prácticas de manejo.

Frente a este panorama crítico se debe trabajar en dos direcciones: primero, actuar en el sector gubernamental, social y académico para reducir el avance de la degradación de las tierras, y segundo, impulsar la aplicación de lo que marca la legislación vigente (Ley de Desarrollo Rural Sustentable, LDRS, y Ley General de Cambio Climático, vigentes desde 2001, y 2012, respectivamente), mientras se aprueba la ley especializada en esta materia. La confluencia de estas dos grandes acciones requiere de una agencia o programa especializado que tenga capacidad para revertir la tendencia de degradación de tierras y suelos en el país.

Los programas gubernamentales han invertido más en los aspectos de contención política (como Procampo, hoy denominado Proagro) y de producción, sin que ello esté siempre vinculado a políticas de conservación y recuperación de suelos. El aumento de población y el crecimiento desordenado de las ciudades y de núcleos de población a costa de las tierras agrícolas y montes contribuyen también a la pérdida de tierras, disminuyendo de esta manera la diversidad edáfica que caracteriza al territorio mexicano.

Las instituciones relacionadas con los suelos deben trabajar de manera coordinada. Los programas gubernamentales que tienen que ver con las tierras se ubican para lo productivo en la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) y en lo ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Para 2007 se llegaron a contabilizar poco más de 300 programas relacionados con el manejo de las tierras, sin estar vinculados a una política unitaria de conservación y restauración de las mismas. Si queremos ver mejores resultados en la lucha contra la erosión, la degradación y la desertificación, es preciso que ambos enfoques confluyan en una clara dirección de conservación, recuperación y fomento de la fertilidad natural e inducida de los suelos del país.

Los compromisos que México ha asumido para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y adaptarse al cambio climático representan una oportunidad para que las visiones productivistas y ambientalistas coincidan en sus objetivos. Sin embargo, los acuciantes problemas referidos previamente indican la necesidad de avanzar en una legislación que de manera específica aborde el problema de lucha contra la degradación y se proponga la conservación de los suelos. La discusión de una propuesta de legislación permitirá poner en la mesa del debate nacional los fundamentos para afirmar que los suelos son la base de la autosuficiencia alimentaria, y también de los recursos vegetales, que se encargan de fijar en su biomasa y en sus capas profundas y estables grandes cantidades de carbohidratos complejos elaborados a partir de la absorción del bióxido de carbono.

Las comunidades rurales son cruciales en la conservación del suelo. Las políticas en marcha y las que se implementen en un futuro deben consideran como actores principales a los ejidos y las comunidades rurales, pues son éstos los que en gran parte detentan y aprovechan los recursos terrestres de México.

La intención de fortalecer las capacidades y responsabilidades de los estados y municipios en materia de conservación de tierras y recursos naturales deberá traducirse en políticas públicas que den poder a dichas comunidades, mediante recursos tangibles, y de manera muy especial la capacitación necesaria para operar programas. Los propietarios privados deben entrar también en este esquema moderno y eficaz de conservación del suelo que proponemos. El mandato de la LDRS para que la Semarnat formule la Carta de Tierras Frágiles no ha sido cumplido. Es preciso contar con un nuevo estudio nacional sobre la degradación de las tierras y de esta manera conocer el ritmo con que está ocurriendo este fenómeno.

Los países desarrollados cuentan con sistemas robustos de asesoría en materia de conservación y fertilidad de los suelos a escalas regional y micro-regional. No basta en el caso de México contar con diagnósticos de corte estatal, por cierto de gran calidad por las posibilidades que ofrece hoy la información satelital. Es preciso que los municipios y las organizaciones sociales pongan manos a la obra para relanzar programas de lucha contra la erosión, como ya se ha hecho y se está haciendo en diversos estados. Las obras de terrazas y muros de contención de corrientes en grandes y medianas cárcavas son ejemplos de opciones para conservar el recurso y además son fuente de empleo local y de restablecimiento de tejidos sociales.

Pero como bien lo han señalado los estudios de evaluación, las obras de contención física, aunque necesarias, no van a la raíz del problema. México tiene las capacidades para operar un programa nacional de buenas prácticas agrícolas, pecuarias y forestales que detenga la degradación y revierta la tendencia actual. Para los suelos arables, se precisa difundir las nuevas tecnologías basadas en la intensificación de las comunidades de bacterias y hongos del suelo, así como en la reducción de la fuerza de tracción y de insumos industriales aplicados a las tierras (que evitan la degradación física, química y biológica). Los agrónomos, biólogos y zootecnistas deben aprender a trabajar de la mano con el productor y retroalimentarse en su relación con el suelo. No debe olvidarse que el manejo silvo-pastoril en el trópico húmedo y seco, de tipo sustentable, es necesario en un país en donde la cuarta parte de su territorio presenta recursos forestales. De dicha relación saldrá el beneficio neto de elevar el nivel técnico de los productores para dar un mejor cuidado a sus tierras y sus suelos.

Por el lado del trabajo legislativo, debe avanzarse en una Ley de Conservación y Restauración de Suelos la cual se ha quedado pendiente desde hace ya varios años, a pesar de que los especialistas han trabajado en ella. En esta tarea las sociedades académicas son importantes para hacer contribuciones estratégicas que tomen en cuenta lo establecido en la legislación de cambio climático. Ante el tamaño del problema de parar y revertir la degradación de tierras, representantes de la sociedad, campesinos y otros productores, así como los estudiosos del suelo deben trabajar simultáneamente en soluciones de corto plazo y en la propuesta legislativa que está pendiente de resolver.

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