Un total de 34 agentes del Ministerio Público de la Federación son los encargados de investigar mil 176 casos de tortura denunciados en todas las delegaciones y la visitaduría general de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR clasificó por un plazo de 12 años las averiguaciones previas ya concluidas relacionadas con este delito.

La dependencia que dirige Arely Gómez González integra 87 averiguaciones previas contra servidores públicos de la PGR acusados de actos de tortura contra presuntos responsables de la comisión de algún delito.

El mayor número de indagatorias han sido iniciadas contra otras autoridades y se investigan en las delegaciones de la PGR en todo el país.

En respuesta a una solicitud de información pública de un ciudadano, la Dirección General de Asuntos Jurídicos giró el oficio SJAI/DGAJ/01493/2015, en el cual menciona que 23 agentes tienen a su cargo alguna investigación en la visitaduría general, a través de la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la institución, que se relaciona con actos de tortura.

Los agentes del Ministerio Público tienen bajo su responsabilidad la integración de 87 averiguaciones previas iniciadas por tortura en la Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la dependencia, de las cuales 76 están en trámite y 11 ya fueron determinadas.

Según la respuesta de la PGR, ninguna de las averiguaciones previas mencionadas fueron determinadas mediante el no ejercicio de la acción penal, es decir, en algunos casos que no fueron mencionados los inculpados fueron puestos a disposición de jueces federales o bien, los expedientes se archivaron.

Respecto del número de agentes del Ministerio Público que laboran en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales que están a cargo de la investigación de casos de tortura y en las que los acusados son funcionarios o servidores públicos de otras dependencias, apenas suman 11.

La respuesta de la institución fue que el área especializada en la materia cuenta con 11 agentes del Ministerio Público de la Federación, dependiendo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y previstos en leyes especiales.

Estos funcionarios tienen la responsabilidad de integrar mil 89 averiguaciones previas, es decir, cada uno debe investigar, resolver y, en caso que lo amerite, consignar más de 90 expedientes.