El secretario de Gobierno del estado de México, José Manzur, y el procurador de Justicia de dicha entidad, Jaime Gómez Sánchez, descartaron haber incurrido en dilación sobre la investigación de las 22 personas asesinadas en una bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya.

Manzur refirió que el día de los sucesos recibió una llamada del comandante de la 22 zona militar y de inmediato se comunicó con el gobernador Eruviel Ávila y posteriormente con el  procurador, con objeto de informarles de la situación. Cuando devolvió la llamada al jefe militar éste le sugirió no asistir en esos momentos porque no había condiciones de seguridad en la región, pues aún ‘‘estaba oscuro’’ y podía haber más grupos criminales en el camino.

En reunión de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Manzur y Gómez Sánchez respondieron diversas preguntas de los legisladores. Loretta Ortiz, de Morena, adujo que ‘‘el encubrimiento de las ejecuciones extrajudiciales y la tortura contra dos mujeres sobrevivientes demuestran que estas violaciones son generalizadas en México y presentan patrones comunes’’. En ese contexto, la legisladora recordó los actos de intimidación, asfixia, ahogamiento, ofensas, golpes y jaloneos contra ambas.

Enfatizó la ‘‘dilación’’ de la procuraduría local para llegar al lugar de los hechos y la ‘‘falta’’ de investigación de las hipótesis de ejecución extrajudicial de las 22 personas y de los actos de tortura, pues el Protocolo de Estambul sólo lo practicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a las dos mujeres varios meses después.

Por su parte, Elena Tapia, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la comisión especial para el caso Tlatlaya, solicitó al gobernador Eruviel Ávila informe cuándo, cómo y dónde ‘‘hará los actos de reconocimiento, desagravio, de disculpa pública, de revelación pública de la verdad completa y de restablecimiento de la dignidad y la reputación’’ en favor de 22 personas asesinadas, tres sobrevivientes y sus víctimas indirectas, como obliga la Ley General de Víctimas y contempla la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El panista Carlos Angulo reprochó al estado de México que asumiera ‘‘una versión ajena a la realidad’’, y preguntó qué responsabilidades se habían fincado a quien cometió los actos de tortura y encubrimiento, y cuántas consignaciones existían en proceso.

José Manzur replicó que él recibió una llamada del comandante de la 22 zona militar –a las 7 de la mañana– y de inmediato se comunicó con el gobernador y el procurador. Cuando volvió a llamar al comandante, éste le respondió que no fueran, porque no había condiciones; estaba aún oscuro y podía haber más grupos criminales en el camino. Y por ello pasaron seis horas entre los hechos y la llegada de los peritos a la bodega.

Por su parte, el procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez detalló que ellos están investigando las responsabilidades de peritos y agentes investigadores. Mencionó que en unos días concluirá la toma de declaración a los 28 servidores públicos mencionados por la CNDH, pero no aclaró si había consignaciones. Hasta ahora, es del conocimiento público que no hay un solo servidor público del estado de México detenido o consignado por los hechos.

Al comentar la tardanza en investigar la ejecución extrajudicial, el procurador dijo que ellos declinaron la competencia en favor de la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 3 de julio, es decir, tres días después de los hechos, y que la dependencia federal era la responsable de averiguar la responsabilidad de militares en actos arbitrarios, lo que no hizo hasta el 23 de septiembre.

Gómez Sánchez refirió que la procuraduría a su cargo cambió el estatus jurídico de las dos mujeres de testigos a víctimas, y no tuvo noticia de presuntos actos de tortura en ese momento.