n su largo peregrinar en busca de soluciones y justicia, los jornaleros de San Quintín, Baja California, se topan con el gran muro de la impunidad construido por el poder político y económico. En el capítulo más reciente han tocado todas las puertas, y todas se mantienen cerradas, especialmente la de Los Pinos, donde la protesta social, por justa que sea, no tiene respuesta más que a garrotazos, y la permanente violación de sus derechos humanos y laborales es catalogada como peccata minuta.

Si se tratara de un reclamo del gran capital, el gobierno federal hubiera actuado en menos de lo que canta un gallo, como en el reciente caso de los barones de la minería a quienes, en cuestión de minutos, les armó un gran paquete de seguridad con la Gendarmería y la Comisión Nacional de Seguridad (Ildefonso Guajardo dixit) con el fin de actuar de manera inmediata en casos de cobro de derecho de piso y otros delitos. En cambio, en la tienda de enfrente, la de los trabajadores mineros, desde hace ocho años existen tres huelgas contra Grupo México (el de Larrea) que esa misma autoridad, junto con la de la Secretaría del Trabajo, ni las ven ni las oyen, al más puro estilo salinista.

Los jornaleros de San Quintín cumplen un mes de su más reciente manifestación de hartazgo y nadie les echa un lazo, salvo para la foto y el aprovechamiento político, especialmente en tiempos electorales. De Peña Nieto, ni sus luces, es decir, ni los ve ni los oye, la misma actitud de sexenios anteriores.

Como muestra, un botón: “la paz porfiriana impuesta desde fines de los años setenta en el valle de San Quintín, el centro agrícola más importante de Baja California, empezó a resquebrajarse. El descontento brotó entre los más de 35 mil jornaleros, indígenas en 70 por ciento, a los que se mantiene en condiciones de explotación extrema. La situación laboral y social no dista mucho de la que persistía antes de la Revolución de 1910: jornadas extenuantes en las que participan familias completas de indígenas traídos mayoritariamente de la mixteca oaxaqueña; empleo de menores, niños de seis años o menos en las pesadas labores de siembra y recolecta, vigilados por guardias blancas en ranchos cercados, habitando en galerones sin luz, agua potable y muchas veces ni letrinas.

“Por más de dos décadas han laborado y pese a las denuncias de organizaciones indígenas y de derechos humanos, nada se hace para sacarlos de la miseria y la marginación. Debió ocurrir una verdadera revuelta, la que protagonizaron el pasado día 6 los jornaleros del rancho Santa Anita, para que el problema saliera a la luz y trascendiera más allá de este San Quintín, 300 kilómetros al sur de Tijuana. Angustiados por no recibir su salario desde dos semanas atrás, los jornaleros, los oaxaquitas, como aquí se les llama con carácter despectivo, se atrevieron a manifestar públicamente y de manera espontánea su reclamo del pago por horas y horas bajo el polvo y el sol, en la recolección de tomate destinado a la exportación… ¡Hambre, hambre!, gritaban en el español que medio hablan. Como no hubo respuesta, los inconformes trataron de ocupar las oficinas de la empresa, propiedad del acaudalado empresario jalisciense Arturo Lomelí Villalobos –ligado al grupo del banquero prófugo Carlos Cabal Peniche– pero fueron desalojados con violencia por agentes de la policía municipal”.

Esa crónica parece de hoy, pero en realidad fue publicada por La Jornada casi 20 años atrás (17 de julio de 1996), bajo la firma de Andrea Becerril y Jorge A. Cornejo. Dos décadas han transcurrido de esa crónica que incluía una referencia a otros 20 años atrás, lo que remite a la violación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas de San Quintín a cuando menos 1976, el último año de gobierno de Luis Echeverría, aunque en los hechos la explotación es histórica. Y nadie hizo ni hace nada por resolver la situación. De allí que el inicio de la nota de referencia sea más que exacta: “la paz porfiriana…”

Aquel julio de 1996 los jornaleros agrícolas de San Quintín irrumpieron en negocios y restaurantes del poblado Lázaro Cárdenas en busca de comida, porque su patrón Arturo Lomelí Villalobos, uno de los barones de la zona, por tercera semana consecutiva no les pagó sus salarios, porque no tuve tiempo de cambiar dólares a pesos lo suficientemente rápido para pagarles.

En cambio, el gobierno federal, en ese entonces bajo la careta de Ernesto Zedillo, sí tuvo tiempo y dinero suficientes (más de 100 millones de dólares) para rescatar al empresario Lomelí Villalobos y echar su basura financiera a la panza del Fobaproa, que es pagada por todos los mexicanos. Y fue esta instancia rescatadora la que, por órdenes de Zedillo, pagó los salarios de los jornaleros agrícolas para calmar los ánimos, pero nunca para resolver la violación de sus derechos humanos y laborales (versión completa del rescate).

En las actas del Subcomité de Recuperación del Fobaproa, publicadas por La Jornada en 1999, se lee lo siguiente: el viernes 4 de julio se dispusieron 969 mil 995.18 pesos para el pago de nóminas de los jornaleros de San Quintín, con objeto de evitar un conflicto social en ese lugar. Se tomó la decisión de no pagar la nómina de jornaleros en otros lugares dado que el número de trabajadores es reducido y por tanto no existía riesgo. San Quintín es una de las propiedades del Grupo Lomelí.

Detallan que “la noche del 7 de julio se presentó un incendio… Según los (hermanos) Lomelí fue provocado por los trabajadores inconformes por la falta de pago de sus salarios… (Pero) podría inferirse que el incendio fue provocado como medida de presión hacia el Fobaproa debido a que no se les han dado los recursos que quieren”. Finalmente aprobaron el rescate y se lo endosaron a los mexicanos.

El empresario y su familia siguen tan campantes, pero la violación de los derechos humanos y laborales de los jornaleros agrícolas no sólo permaneció, sino se incrementó, y dos décadas después la situación sigue exactamente igual: nadie los ve, nadie los oye.

Las rebanadas del pastel

Con la privatización del petróleo los modernizadores prometieron a los mexicanos que vivirían como noruegos. Obvio es que no les han cumplido, pero algo es algo: los noruegos ya están en México para extraer oro negro, obtener multimillonarias ganancias y así poder seguir viviendo como noruegos. Los autóctonos, que se jodan.

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