La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) no ha corregido hasta el día de hoy las observaciones que presentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)al ejercicio de su presupuesto de 2013 por los contratos que otorgó a universidades, como la del estado de México (UAEM), y la falta de comprobación de la compra de 31 millones de artículos conocidos como utilitarios.

Así lo informó ayer el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, durante la revisión del informe de resultados de la auditoría aplicada a ese año. Explicó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que las observaciones no han sido solventadas por la Sedesol. El caso de los padrones (de beneficiarios) se lo presentamos en la revisión y no han hecho la corrección. De las otras observaciones, relacionadas con los contratos con universidades, no están solventadas todavía. Son por montos bastante grandes.

De acuerdo con el informe de resultados de la Cuenta Pública de 2013, la UAEM y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Uaemor) habrían simulado operaciones por más de 440 millones de pesos en contratos otorgados por la dependencia a cargo de Rosario Robles.

En respuesta al señalamiento que la ASF hizo a los diputados en el sentido de que la Sedesol no había solventado recomendaciones, por la noche la dependencia emitió un comunicado en el que informó que atendió en su totalidad las 274 observaciones que le hizo, aunque precisó que los programas a que se refería el auditor no son de la Sedesol, sino de otras secretarías.

El auditor resaltó que la revisión de la Cuenta Pública se llevó a cabo en un clima difícil porque algunos sectores de la sociedad muestran impaciencia, que desafortunadamente es muy comprensible, respecto a la sensación de que los funcionarios públicos manejan de modo irresponsable o culposo los recursos que pertenecen a todos

Detalló que en la revisión de la política social se detectaron elementos que ponen en riesgo la efectividad de los programas sociales, subsidios y apoyos proporcionados por el gobierno federal.

Entre éstos resaltó seis: no se tienen datos completos de los conceptos, importes de apoyo o la identificación misma de los beneficiarios; el número de éstos que se incluyen en los sistemas es diferente al del reportado en la Cuenta Pública; en las dependencias no existen mecanismo óptimos para emitir información confiable y oportuna; los padrones son alimentados por distintos organismos auxiliares; se recurre a base de datos alternas que hacen inconsistente y poco confiable lo reportado; y se ha invertido en padrones por sexenio, cuando esta información debería ser concebida para utilidad de largo plazo

Explicó que en el caso de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el programa de pensión de adultos mayores y la operación del fondo de fomento y desarrollo de la investigación científica y tecnológico se subcontrataron servicios sin observar las disposiciones en materia de licitaciones públicas; contrataciones que no acreditan las mejores condiciones para el Estado; sobreprecios en la adquisición de bienes y servicios; y empleo de provedores y prestadores de servicios que no existen o bien que con presencia tienen una situación fiscal irregular u omisa.