Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron ayer con el representante especial para derechos humanos de la Unión Europea, Stavros Lambrindis, a quien solicitaron que pida a las autoridades mexicanas que dé facilidades a los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que realicen su trabajo.

María Luisa Aguilar, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que en el encuentro también solicitaron que la delegación del bloque comunitario que está en México visite la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, para que observe las condiciones en que se encuentra y analice las preocupaciones que existen en temas de seguridad.

El encuentro se efectuó en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, como parte del tercer seminario sobre derechos humanos Unión Europea-México, en el que se abordaron temas críticos acerca del fortalecimiento del estado de derecho, empresas y derechos humanos, derechos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, así como de la infancia.

La cita precedió al quinto diálogo de alto nivel sobre derechos humanos Unión Europea-México que tendrá lugar este jueves en el ex colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco.

En años anteriores se advirtió en los diálogos que el diagnóstico sobre derechos humanos no es alentador, ya que a pesar de los avances normativos y algunas decisiones progresistas de ciertos jueces, los elementos sustantivos de la agenda siguen sin cumplirse.

“La situación de los derechos humanos en México siempre ha sido de claroscuros. En años recientes la brecha entre la armonización legislativa y la implementación práctica de los estándares internacionales se ha acrecentado, particularmente en las entidades federativas.

Hoy las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, amparo y justicia penal se dan a la par que un aumento exponencial de las más graves violaciones a derechos humanos, asociado a una política en materia de seguridad que ha hecho de la militarización y del uso de la fuerza pública sus componentes centrales, se destacó en 2012.

En otros encuentros se señaló que en “los últimos años México ha realizado acciones de fortalecimiento institucional respecto de la garantía de los derechos humanos. No obstante, esto no implica, per se, que las reformas legislativas y los avances en el seno del Poder Judicial de la Federación sean materialmente efectivas y atiendan al principio de universalidad, según el cual todos los ciudadanos deben tener una protección adecuada de sus derechos”.