La explotación laboral de los trabajadores agrícolas, no sólo del Valle de San Quintín, no puede explicarse sin la ‘‘complicidad’’ de los gobiernos federal y de los estados con sindicatos charros y patrones explotadores, además de enganchadores que actúan bajo la protección gubernamental, denunciaron líderes de diversas organizaciones campesinas.

Ante esta problemática llamaron a que estos trabajadores se organicen y conformen sus propias organizaciones sindicales o independientes, alejados de agrupaciones como la CTM, CROM, CROC o CNC, que a través de estos registros sindicales venden contratos de protección a los patrones.

Federico Ovalle, de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), recriminó al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete, su ‘‘falta de acción’’ en este problema que se observa en cuando menos 18 estados, donde 90 por ciento de los trabajadores no cuentan con contrato laboral y en los hechos son ‘‘trabajadores informales’’ sin ningún derecho ni prestación social.

‘‘Hay negligencia y hasta complicidad. Existe una abierta protección a los patrones por parte del gobierno federal y de los gobiernos de los estados, de los sindicatos oficiales que brindan protección a los patrones de manera particular y también a los enganchadores, con lo cual hay un verdadero sesgo en cuanto a aplicar el estado de derecho’’, acusó Ovalle.

Además, el dirigente demandó la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR), de las comisiones de derechos humanos nacional y de los estados, y de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, para atender este creciente problema de relaciones laborales.

En términos similares se expresó José Narro Céspedes, de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), quien consideró que las secretarías del Trabajo y de Desarrollo Social actúan en abierta actitud de abandono, pues no sólo hay una violación sistemática de los derechos humanos de los trabajadores, sino que además no se observan políticas reales de apoyo a este sector, ni de salud ni de alimentación. Ningún programa social los favorece, dijo.

Señaló que aunque la situación explotó con las movilizaciones en San Quintín, la situación afecta a cuando menos 2 millones de trabajadores agrícolas, quienes viven en condiciones de semiesclavitud, de violación a sus derechos humanos y laborales en perjuicio de sus familias.