La Cámara de Diputados turnó ayer a la Comisión de Hacienda la iniciativa que presentaron senadores y diputados para expedir una nueva ley de ahorro y crédito popular, que busca endurecer la supervisión y las sanciones a sociedades de ahorro popular y dar una respuesta a quienes fueron defraudados por Ficrea, sociedad en liquidación.

La propuesta prevé integrar un fondo de ahorro popular, que será constituido por el gobierno federal como fideicomiso en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Banobras), que posteriormente será transferido al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (Ipab), como un esquema para garantizar la inversión de los ahorradores, hasta por un monto equivalente a 25 mil Udis.

La iniciativa define que aun si el manejo de las sociedades de ahorro popular es insuficiente para evitar riesgos, se contará con mecanismos para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detecte de manera oportuna problemas de liquidez o estabilidad financiera y actúe en consecuencia.

También se prevé constituir un fondo, con recursos del gobierno federal, para garantizar a los defraudados por Ficrea recuperar hasta un millón de pesos, a través de aportaciones a una subcuenta en el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores (Fipago).

La propuesta incluye reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, para incorporar en el catálogo de delitos graves.

Se pretende sancionar con cárcel a directivos o integrantes de las ahorradoras por omisiones de registro de operaciones en las sociedades de ahorro popular; ocultar, alterar o destruir total o parcialmente los sistemas de información contable, financiera y económica de las sociedades; manipular datos, informes, dictámenes, opiniones o calificación crediticia; realizar operaciones que lleven al quebranto o perjuicio al patrimonio de éstas, o autorizar o solicitar créditos a partir de información falsa.

En las sociedades financieras populares que presenten problemas financieros se considera aplicar acciones correctivas tempranas y el proceso de salida ordenada del mercado. Las alertas estarán a cargo de la CNBV.

En caso de detectarse irregularidades, la CNBV mantiene la facultad de decretar la intervención gerencial y la designación de un interventor-gerente.