l arribo de las elecciones intermedias en México vuelve a poner en lugar central de la opinión pública, periodística y académica la validez del proceso electoral. Hoy la institución llamada democracia (representativa) vive momentos casi terminales, no sólo por la mediocridad, insensatez y corrupción de la clase política, sino por la ausencia de confianza en los árbitros de la contienda, que han permitido y siguen permitiendo fraudes, trampas, usos indebidos del dinero público, compra abierta de votos, reparto ilegal de bienes e incluso arribo de enormes sumas de dinero de origen desconocido.

El evento más descarnado tuvo lugar en 2012, no debe olvidarse, con los llamados Sorianagate y Monexgate. En el primero, monederos electrónicos precargados por un total de 2 mil 294 millones de pesos fueron masivamente utilizados en las tiendas Soriana de seis estados de la República los días 2 y 3 de julio, es decir inmediatamente después de la elección. Por el Monexgate, el Grupo Financiero Monex emitió 100 mil monederos electrónicos por un total de 160 millones de pesos, que fueron repartidos entre operadores del PRI. El origen de esas cantidades, develado por la investigación bancaria, fueron seis sospechosas sociedades mercantiles que el Tribunal Electoral se negó a investigar. Estos dos hechos debieron haber anulado la elección presidencial y/o puesto en duda el supuesto triunfo de Enrique Peña Nieto. Nada de eso sucedió.

Ante este panorama desolador, todo mexicano honesto y que se respete debería abstenerse de participar, y negar su voto. Frente a esta situación vergonzosa, impropia de una sociedad verdaderamente democrática, debería hacerse un alto para replantear y reformular instituciones, fórmulas, procedimientos y principios, única manera de salir del oscuro túnel en el que se encuentra la democracia en México. Esta preocupación se ha generalizado. En los últimos días hemos visto un número desusado de artículos que en La Jornada se han ocupado del tema. Bernardo Bátiz, León Bendesky, Soledad Loaeza, A. Sánchez-Rebolledo y otros colaboradores han asumido opiniones críticas, que contrastan con las posiciones edulcoradas de autores como Roger Bartra, José Woldenberg o Enrique Krauze. En el despliegue de opiniones e ideas destaca el reciente corrimiento de autores como Gustavo Gordillo y Rolando Cordera, figuras notables de una corriente que se negó a registrar la realidad en toda su crudeza. Igualmente sorprende la posición extrema de Octavio Rodríguez Araujo, quien se niega a aceptar la ciudadanización de la política.

Y sin embargo, la crisis de la democracia no es, para la sorpresa de muchos, un asunto exclusivo de México, sino un fenómeno creciente que afecta a buena parte de las sociedades actuales. Ello forma parte, como expresión de una entropía institucional, de la crisis de civilización que aturde al mundo. Aquí destaca el número recientemente aparecido de la prestigiosa revista Journal of Democracy (volumen 26, 1º de enero del 2015), dedicada a celebrar su vigesimoquinto aniversario, el tema ¿Está la democracia en decadencia? Además de documentos y reseñas de libros, la revista reúne de manera magistral 14 artículos que responden a la pregunta desde todo un abanico de diversas posiciones.

En suma, ha llegado la hora de reinventar la democracia, y opino que, más que una modernización, de lo que se trata es de la transformación radical de las instituciones democráticas, y que para el caso de México debe considerar muy seriamente su realidad multicultural, su diversidad geopolítica y, sobre todo, su historia. Dicho de otra forma, se trata de revisar profunda y radicalmente la idea eurocéntrica de democracia y, al mismo tiempo, de insertar los nuevos diseños en la realidad de un mundo globalizado marcado por la consolidación del capitalismo corporativo, la vertiginosa innovación científica y tecnológica y los cuatro procesos que determinarán el futuro próximo de aquí a 2050: el crecimiento de la población humana, que pasará de 7 mil a 9 mil millones; el fin del petróleo, el gas y el carbón mineral (en ese orden); la agudización de la crisis climática (ver video) y la inminente parálisis de los sistemas agroindustriales de producción de alimentos. Visualizo siete temas que deberían ser abordados, analizados y discutidos:

Uno: Legitimidad. Se debe garantizar que quienes triunfan representen rigurosamente a la mayoría de los votantes. De acuerdo con los resultados oficiales de la elección de 2012, el partido triunfante fue el no voto (abstencionismo más votos nulos) con 38.3 por ciento. El gobierno actual solamente representa 24 por ciento del total del electorado, mientras la oposición de izquierda representa 20 por ciento, y la derecha, 16 por ciento. Dos: ¿Partidos políticos? Se debe abrir en todos los estados la posibilidad de elecciones sin partidos políticos. Se olvida que en México 80 por ciento de la elección municipal de Oaxaca se realiza por usos y costumbres, es decir, en 456 municipios de los 2 mil 400 que existen en el país.

Tres: municipalismo. El empoderamiento ciudadano de la participación a escala municipal puede generar, especialmente en las regiones indígenas (Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Puebla), un régimen de democracia de abajo arriba, donde las gubernaturas y los congresos estatales se sustituyan por un consejo de representantes municipales. Cuatro: informática y geomática. Resulta obligado el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, tanto para elegir representantes de partidos como para las elecciones. Cinco: Centralismo. Ante el aumento de la población y el incremento en la complejidad de los problemas, la gobernanza para ser eficaz debe realizarse de manera descentralizada y a escalas local, municipal y regional. Seis: territorialidad. El control social de los territorios (autonomías) debe privilegiarse, creándose nuevos mecanismos que lo garanticen, tanto en las zonas rurales como en las ciudades (colonias, barrios, unidades habitacionales). Siete: Cambio civilizatorio. Superar la crisis de la modernidad significa esencialmente que la sociedad civil se libere de la explotación que impone el poder económico (capital) en pleno contubernio con el poder político (Estado y partidos), y ello supone la ciudadanización de la política, es decir, el empoderamiento social.