El 24 de septiembre de 2011, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron en su domicilio de Coatepec, Veracruz, a Óscar Augusto Valle Sánchez, sin orden de aprehensión. Siete días después, los marinos lo pusieron a disposición del Ministerio Público federal argumentando que había sido capturado el 30 de septiembre cuando circulaba en un auto sin placas en la carretera Veracruz-Córdova, y que se le encontraron armas y droga.

Valle Sánchez denunció detención ilegal y tortura a manos de los marinos y que la Procuraduría General de la República (PGR) fabricó pruebas en su contra. El 28 de junio de 2013 el juez primero de distrito de procesos penales federales dictó sentencia absolutoria en su favor, ya que fueron violados sus derechos humanos al debido proceso y libertad personal.

En entrevista reveló que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no ha cumplido la resolución, emitida el 21 de enero de 2013, de instaurar medidas de restitución y un plan de reparación integral en su favor, que incluye casi 700 mil pesos de indemnización.

Además, inició una demanda de reparación de daño moral contra la Semar, en la que exige ser indemnizado con 20 millones de pesos por la lesión personal sicológica, profesional y moral ocasionada por la injusta acusación y reclusión durante 21 meses.

La dependencia rechazó la acusación con el argumento de que la indebida demora en la puesta a disposición ante el Ministerio Público federal por un lapso de ocho horas y 50 minutos, cesó sus efectos lesivos a las 3:30 horas del primero de octubre de 2011, y que la ley establece que la víctima tiene un año para demandar la indemnización, y al no hacerlo, el plazo prescribió.

En entrevista en la ciudad de México, Valle Sánchez (quien por ser médico llegó a ser identificado por las autoridades como El doctor de Los Zetas) pregunta: ¿cómo iba a demandar a la Secretaría de Marina si estaba injustamente detenido? Confirmó que en septiembre de 2011 fue detenido y luego retenido y torturado en las instalaciones navales durante ocho días, antes de ser presentado ante la PGR.

La PGR, que había determinado que ni marinos ni agentes federales detuvieron a Valle Sánchez el 24 de septiembre de 2011, el 13 de octubre de 2012 turnó a la Procuraduría General de Justicia Militar la denuncia contra los elementos de la Semar, a pesar de que el 14 de julio de ese año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó –al resolver el caso Rosendo Radilla– que cualquier violación a derechos humanos de civiles a manos de militares debe ser del conocimiento del Ministerio Público del fuero civil.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos resolvió que, como la procuraduría militar ya había iniciado la averiguación previa, el expediente quedó sin materia.