Accionistas, apoderados legales y representantes de una decena de empresas del ramo textilero obtuvieron una suspensión en vía de amparo que obliga a la Procuraduría General de la República (PGR) a justificar, en un plazo de 72 horas, que la orden de aseguramiento de 61 cuentas bancarias de esas compañías, sujetas a investigación por presuntas actividades de contrabando y lavado de dinero, se efectuó con apego a la Constitución y a las leyes procesales.

Fuentes del Poder Judicial Federal (PJF) informaron que el juzgado tercero de distrito de amparo concedió la suspensión provisional a Textilera Marversa, Troy Industria Maquiladora, Comercializadora Quenym, Asesoría y Servicios Jovi, Distribuidora y Comercializadora Utec, Distribuidora Beverly, Comercializadora Berriozábal, Comercializadora de Piel y Calzado Napolitano, Comercializadora Panorama y Comercializadora Rual.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ordenó los aseguramientos de las cuentas bancarias como parte del desahogo de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/75/2014, relacionada con una investigación que realiza la PGR en contra de la empresas del ramo textil, y que implica por lo menos a 35 agentes fronterizos presuntamente vinculados a una red de funcionarios de la Agencia General de Aduanas (AGA) que han permitido actividades de contrabando y que han lavado más de mil millones de pesos en los cinco años recientes.

Se trata de una de las investigaciones ministeriales más importantes contra funcionarios de la Secretaría de Hacienda y contra empresas textileras en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

A los funcionarios investigados se les involucra con una red de contrabando de textiles desde China, añadieron las fuentes consultadas.

Las autoridades mexicanas han detectado grandes redes de contrabando de textiles que han operado en México y que involucran a más de 153 proveedores, 31 importadores y 113 empresas virtuales.

A las personas morales y físicas sujetas a esta investigación también se les indaga por presunta evasión fiscal por más de 4 mil 56 millones de pesos, por lo que el SAT también colabora con las otras instituciones, añadieron las fuentes consultadas.