La información que proporcionó la Procuraduría General de la República (PGR) en 2013 sobre el número de delitos cometidos habría sido afectada por motivos políticos y por tanto su confiabilidad es cuestionable en razón de la cifra negra, concluyó la Cámara de Diputados por conducto de la Unidad de Evaluación y Control (UEC).

Esa unidad, encargada de revisar los informes de la cuenta pública y presentar un reporte a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), explicó que en el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, con Jesús Murillo Karam al frente de la PGR, también se ofreció información limitada respecto de las víctimas y detalles de los delitos.

En su reporte sobre seguridad pública, respecto del informe de la cuenta pública 2013, la UEC explicó que a pesar del aumento presupuestal que recibió, la procuraduría redujo sus índices de efectividad en investigación, detenciones, consignaciones y sentencias logradas.

Por ejemplo, la unidad explicó que la PGR contó con el programa E003, para contribuir al fortalecimiento del estado de derecho y la seguridad, mediante la obtención de sentencias condenatorias contra la delincuencia organizada, pero no incluyó indicadores, metas ni productos de inteligencia.

La UEC también citó otra auditoría de desempeño practicada por la ASF sobre el programa Investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada, a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En este caso, la Seido sólo despachó 2 mil 71 de 7 mil 352 averiguaciones previas en trámite, por lo que al finalizar el primer año de gobierno de este sexenio, 71.8 por ciento ya se encontraba en rezago.

Esto implica que la meta de despacho de averiguaciones previas disminuyó en los cuatro años recientes, al pasar en 2011 de 31.5 por ciento, a 28.2 en 2013.

Respecto de las metas por sentencias condenatorias, la UEC informó que en 2013 la Seido obtuvo 152, esto es 19.5 por ciento de las 781 averiguaciones previas consignadas ante jueces, apenas 1.6 por ciento más sobre su meta de 17.9 por ciento.

De las 691 averiguaciones previas consignadas que no concluyeron en sentencia, 51 fueron absolutorias (8.1 por ciento); 363 fueron consignadas sin detenido, por lo que se solicitó la orden de aprehensión (57.7 por ciento); 175 se encontraban en conflicto competencial (27.8 por ciento), y 40 en trámite (6.4 por ciento).

En materia de órdenes de aprehensión, el Ministerio Público Federal obtuvo la autorización en 225 de las 363 solicitadas a un juez, sólo 62 por ciento, pero únicamente ejecutó 21, esto es 9.3 por ciento, y al cierre del año otras 204 estaban pendientes de cumplimentar.

En cuanto a investigación del delito, el Ministerio Público Federal emitió 403 mil 321 órdenes, de las cuales 60 por ciento fueron atendidas por servicios periciales; del resto, quedaron en proceso de atención 4 mil 599 de mandamientos ministeriales y 15 mil 862 de mandamientos judiciales de la Policía Federal Ministerial que, sumados a los pendientes 36 mil 436 de años anteriores, suman en total 44 mil 266 en rezago.