l dato central es altamente significativo: según ha publicado la revista Proceso, el secretario de Gobernación ha hecho tratos inmobiliarios (compras o rentas), por sí o mediante su esposa, con un empresario de Hidalgo, Carlos Aniano Sosa Velasco, que fue marcadamente beneficiado con contratos y asignaciones del gobierno del estado que encabezó el propio Miguel Ángel Osorio Chong y de la administración federal en la que ahora éste mismo ocupa el segundo cargo en importancia.

El modus operandi es similar al observado por el jefe de Osorio Chong, el mexiquense Enrique Peña Nieto, y por uno de sus compañeros de gabinete, Luis Videgaray (éste y Osorio han sido considerados como una especie de vicepresidentes ejecutivos, uno concentrado en el terreno económico y otro en el político), quienes también han entablado polémicas y fundadamente sospechosas relaciones de negocios con empresarios que han tenido sobradas razones para mostrarse generosos con ellos o sus esposas.

Sin embargo, como lo han hecho los funcionarios Peña y Videgaray, y la esposa del primero, la señora Angélica Rivera, en el caso reciente de Osorio Chong se pretende eludir, escamotear o difuminar el dato central, altamente significativo, de las relaciones inmobiliarias entre políticos (o familiares directos de ellos) que están en condiciones discrecionales de dar favores presupuestales (aunque se alegue la existencia de comités de compras y otras figuras que históricamente han sido avasalladas por el autoritarismo estructural desde Los Pinos o los palacios estatales de gobierno) y empresarios que han visto crecer cuantiosamente su capital gracias a esos favores facciosos y que por tanto podrían intentar nuevas conquistas pecuniarias, o pagar los anteriores, con maniobras de venta muy ventajosa (virtuales regalos, o financiamientos que ningún otro comprador puede siquiera soñar), renta a cuenta de cesión final de la propiedad o los cientos de tretas y coartadas que son posibles cuando los poderes político y económico desean compartir platillos de algún banquete concertado (en ese sentido, ha de decirse que los bienes inmobiliarios son una expresión demasiado voluminosa de esos arreglos, que suelen tener vías menos aparatosas y detectables, como las accionarias y los depósitos monetarios en el extranjero).

La vía de escape del dato central, altamente significativo, del entendimiento del secretario de Gobernación, o su esposa, directora del DIF nacional, con un empresario que les ha sido presupuestalmente cercano ha sido señalar que las casas que Osorio Chong ha ocupado en el Distrito Federal no son propiedad de él ni de su cónyuge o familiar alguno, sino que han sido utilizadas mediante arrendamiento. No es suficiente esa explicación, pues no va al fondo del asunto: ¿por qué el ex gobernador de Hidalgo renta (si sólo eso fuera) mansiones de alto costo a un empresario particularmente beneficiado durante su administración estatal? ¿Hay conflicto de intereses en un secretario de Gobernación que se aloja mediante pago (por demostrar) en las residencias ostentosas de alguien que espera beneficios económicos de esa relación? ¿Cuáles son los términos exactos de ese entendimiento, pues los hay en términos financieros de posterior entrega del bien arrendado?

No basta decir que es rentada la mansión, pues el reportaje firmado por Jesusa Cervantes y Santiago Igartúa asegura que la esposa de Osorio Chong, la señora Laura Ibernia Vargas Carrillo (directora del DIF nacional, como se ha dicho, y obviamente funcionaria muy cercana a Angélica Rivera) “El pasado 29 de mayo de 2014 dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Hidalgo, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de la operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380 –prácticamente enfrente de la mansión de Rivera–, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal. En ese mismo folio dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con el Banco Mercantil del Norte (Banorte)”.

El nuevo escándalo no puede ni debe ser enfrentado desde el poder con precarios argumentos legaloides, sino con una amplia e integral explicación. El propio peñismo debería ser el ente más interesado en dejar radicalmente demostrado ante los ciudadanos que no se está en presencia de un acto más de acumulación de riqueza desde los privilegios del poder y que este episodio no es parte de una serie extendida, institucionalizada, promovida o cuando menos tolerada, de conversión de los dineros públicos en regalías privadas.

No es exagerado advertir el riesgo que el periodismo de investigación enfrenta con estas develaciones. La salida del aire de Carmen Aristegui y su equipo tuvo como contexto determinante la difusión del expediente de la Casa Blanca y los consiguientes enojos imperiales. Ahora toca el turno de las maquinaciones en contra a Proceso, el semanario al que el peñismo considera enemigo y, por tanto, susceptible de exterminio. Ciertamente, la revista deberá confirmar la precisión de los datos que ha publicado, ante la negativa genérica del alto funcionario mencionado, pero haya sido notificación de adquisición, compra financiada bajo privilegios o arrendamiento con posterior entrega de la propiedad del bien, el secretario de Gobernación y el peñismo deben esclarecer y castigar las múltiples evidencias de corrupción que se han acumulado en lo que va de este sexenio de Hidalgo.

Y, mientras los jornaleros de San Quintín reciben solidaridad en el boicot comercial a Driscoll’s, la empresa con sede en Watsonville, California, que comercializa la mayor parte de la producción de fresa y otros frutos cosechados en ese valle de Baja California y que en los hechos impone las reglas de explotación casi esclavista a trabajadores mexicanos, en su mayoría indígenas, a los que se pagan sueldos ínfimos (entre 126 y 138 pesos por jornada, menos de diez dólares por día, ya con los aumentos firmados tramposamente con organizaciones favorables a los patrones) sin prestaciones ni seguridad social, ¡hasta mañana!

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