Ensenada, BC.

La Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social reiteró la petición de que intervenga el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para resolver los problemas de los jornaleros del Valle de San Quintín y solicitó la instalación de una comisión nacional de supervisión y vigilancia de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores agrícolas.

En un encuentro que los jornaleros sostuvieron este viernes con una comisión de legisladores federales en el salón Santa Isabel de San Quintín, que por momentos se volvió ríspida, los principales líderes indígenas reclamaron a los diputados: Es lo único que pueden hacer por los trabajadores del campo en los cuatro meses que resta en la actual Legislatura.

La comitiva camaral estuvo integrada por la panista Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas; la priísta Shantall Zepeda Escobar, y los perredistas Roberto Cabrera Solís y Yazmín Copete. Aunque estaban anunciados, no llegaron Martha Edith Vital Vera, del PVEM, y Juan Luis Martínez Martínez, de Morena.

Fermín Salazar, dirigente de la alianza, les reclamó que hayan viajado hasta Baja California sólo para tomarse la fotografía del recuerdo, sin llevar planteamientos para los trabajadores del campo.

Dijo esperar una propuesta de aumento de sueldo, previo acuerdo con las empresas agrícolas, pues sus demandas ya las conocen. “Ojalá que no salga una foto más en la prensa que diga ‘Seis diputados viajan a San Quintín para revisar el paro laboral’”, y calificó de mentira que los jornaleros ganen nueve dólares por hora, como publicó en su portal la empresa trasnacional Driscoll’s, por conducto de su asociada BerryMex, empresa que distribuye a Estados Unidos.

Mitin de mil 300 campesinos

La mañana del viernes, alrededor de mil 300 jornaleros se desplazaron a San Quintín para llevar a cabo un mitin, luego de participar en una marcha por la carretera Transpeninsular, desde la población de Vicente Guerrero, en un tramo de 200 kilómetros, donde se ubican cuatro campamentos de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.

Los sindicatos priístas de las confederaciones de Trabajadores de México, Revolucionaria de Obreros de México y Revolucionaria de Obreros y Campesinos aceptaron hace una semana el aumento de 15 por ciento propuesto por los patrones para fijar en 132 pesos la jornada, la cual fue depositada ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, por lo que 70 por ciento de trabajadores regresaron a los campos.

La alianza dijo que la mayoría regresó por temor y bajo amenazas de sindicatos y patrones. Una de las exigencias políticas del movimiento –que realizó un paro de labores el 17 de marzo, un bloqueo en 10 puntos de la carretera Transpeninsular durante más de 36 horas, una caravana por los cinco municipios de la entidad y un plantón en el Centro Cívico de Baja California– es la revocación de los contratos colectivos de más empresas con las organizaciones priístas y, en consecuencia, la constitución de un sindicato legítimo de los trabajadores.