Opinión
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Los de abajo

Presos por activismo

G

anaron todos los amparos legales contra la construcción y funcionamiento del Acueducto Independencia, que nunca ha dejado de operar. Dos de sus voceros fueron encarcelados por la defensa del agua de la tribu yaqui y ambos han ganado también la batalla jurídica, pero siguen en prisión. Lo que se está jugando aquí no es poca cosa: la supervivencia de todo un pueblo, el agua de todo el Valle del Yaqui y la permanencia de una cultura.

Mario Luna y Fernando Jiménez fueron encarcelados hace siete meses. Figuras visibles del movimiento comunitario que desde 2010 defiende su agua, son ahora presos políticos de un gobierno que despidió al director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld, por usar un helicóptero de la dependencia con fines personales, pero no por haber incumplido la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenó suspender las obras del Acueducto Independencia.

Hoy los yaquis Mario y Fernando permanecen en la cárcel muy conscientes de la situación, pues son gente que tiene principios. Saben que su encarcelamiento se debe a algo meramente político del Estado contra ellos y la tribu, señala su defensa. Su prisión es prueba contundente de la subordinación del Poder Judicial del estado a la Presidencia de la República y al gobierno de Sonora.

Dos sentencias en favor permitieron que los procesos fueran revisados por irregularidades. En el caso del yoeme Fernando Jiménez, la sentencia revocó el auto de formal prisión y dictó otro, siguiendo los lineamientos de la resolución, que acredita que no es responsable de ningún acto del que se le acusa. Jiménez fue encarcelado el 23 de septiembre de 2014, acusado de privación ilegal de la libertad y robo de auto. Ahora el juez tercero debe dictar el auto de formal libertad por falta de elementos para procesarlo, por lo que sus abogados esperan la resolución para que quede firme esta sentencia, y si los jueces no determinan una revisión, en unos pocos días podría salir en libertad.

El caso de Mario Luna es similar. En enero pasado también fue notificada una sentencia favorable para el vocero del movimiento en defensa del agua, en la que se reconoce que en la emisión del auto de formal prisión no fueron verificadas las pruebas en su contra. No obstante, el Ministerio Público interpuso un recurso de revisión, que está pendiente.

Durante más de cuatro años han contado con la razón jurídica a su favor, pero no ha habido justicia. Hoy los ocho pueblos de la tribu yaqui continúan defendiendo su río sagrado. Dentro y fuera de las rejas.

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