El PRI en la Cámara de Diputados desempolvó la propuesta que impulsó al inicio de la legislatura para recuperar viviendas obtenidas mediante créditos del Infonavit o Fovissste que se encuentran en cartera vencida, pero ahora el sector obrero de ese partido pretende que los trabajadores pierdan sus casas a través de un juicio sumario hipotecario, a más tardar en seis meses.

La iniciativa, que presentaron los diputados y secretarios generales sustitutos de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Aceves del Olmo y Ricardo Fidel Pacheco, afirma que cuando se agoten las alternativas de cobranza resulta indispensable que los organismos recuperen las garantías constituidas derivadas del crédito, para evitar el deterioro de las viviendas y la contaminación del tejido social.

La Comisión de Economía, que preside el panista Mario Sánchez Ruiz, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pretendía aprobar el dictamen esta semana, pero ante las dudas y críticas de legisladores de otros partidos, se retrasó la discusión.

Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, alertó que este proyecto conduce al despojo de las viviendas de los trabajadores.

Consideró que antes de buscar la recuperación de la cartera debe darse a los trabajadores el derecho de revalorar su deuda.

En estados como Chihuahua el gobierno toma posesión de las casas abandonadas, se las quita la gente que no tiene la posibilidad de pago y luego se las entrega a constructoras, que las pintan, les ponen vidrios y las sacan al mercado a precios carísimos, dijo.

Expuso que si bien se busca la sanidad financiera de Infonavit y Fovissste, una reforma de este tipo debe ser muy cuidadosa de los derechos de los trabajadores.

La propuesta del PRI considera una reforma al artículo 1055 bis, del Código del Comercio con la siguiente redacción: Cuando el crédito otorgado por cualquier persona física, moral u organismos encargados de financiar programas de vivienda tenga garantía real, el acreedor a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario, hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este código, a la legislación mercantil o a la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago, aun cuando los bienes gravados se señalen para la práctica de la ejecución.

Según los líderes cetemistas Aceves del Olmo –quien es representante del sector obrero en el Infonavit- y Fidel Pacheco, es importante que los organismos promotores de vivienda cuenten con un procedimiento judicial que permita agilizar la recuperación jurídica y material de los inmuebles financiados, como el juicio ejecutivo mercantil.

Actualmente, argumentaron, un juicio ordinario puede llevar hasta cuatro años y el mercantil reduciría el fallo a seis meses.