La explotación de jornaleros del Valle de San Quintín es sólo una muestra de los abusos y prácticas de semiesclavitud rural que ocurren en 18 estados del país, ya que 90 por ciento de los jornaleros agrícolas no cuentan con contrato de trabajo, son informales, y 60 por ciento de los más de 2 millones de ese tipo de trabajadores son indígenas provenientes de las entidades con mayor pobreza del país, como Guerrero y Oaxaca.

Un informe de la Red de Jornaleros Internos señala que estos trabajadores padecen condiciones de vida infrahumanas; laboran 15 horas al día en promedio, casi el doble de la jornada permitida, y ocho de cada 10 no pueden acudir al médico en caso de enfermedades y accidentes, por no tener prestaciones ni seguridad social.

De 2007 a 2015 se ha documentado la muerte de al menos 40 niños en los campos agrícolas, y un sinfín de accidentes y enfermedades entre adultos.

Estos decesos de niños se deben a que el trabajo infantil es endémico en estos campos y los menores sufren de accidentes laborales, atropellos, picaduras de insectos, desnutrición, partos prematuros y falta de atención médica, señala el documento.

La Red, integrada por el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes; el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Enlace, Comunicación y Capacitación, entre otros gremios, expone que desde Baja California, Sinaloa y Sonora o hasta Nayarit se registran los casos de jornaleros que laboran en campos o fincas propiedad de empresas nacionales y extranjeras, y que los explotan, sometiéndolos a condiciones de semiesclavitud, en ocasiones en contubernio con funcionarios  públicos.

Indica que la Encuesta Nacional de Jornaleros indica que del total de estos campesinos, 20 por ciento tienen menos de 18 años, es decir, más de 433 mil menores, que laboran en esta situación.  A la par de ello, mujeres, niñas, niños y adolescentes son los más vulnerables a consecuencia de la triple o cuádruple discriminación que padecen. Así, 40 por ciento de las mujeres indígenas reciben un salario menor que sus compañeros y 34.7 declararon haber sido humilladas en su jornada laboral.

Esta organización rechaza totalmente el acto de represión cometido en contra de los jornaleros agrícolas que ejercían sus derechos de libre manifestación en el Valle de San Quintín. Propone que junto con las representaciones sociales de los jornaleros y otros actores involucrados en el sector, se generen las políticas públicas necesarias para proteger y garantizar los derechos de estos trabajadores y se le dé especial atención a los que están en condiciones de  vulnerabilidad.

En total apoyo al Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, demandó que se genere un diálogo positivo con patrones y autoridades para dar solución a las demandas de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia; exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno atender y resolver este problema, así como la incorporación al Seguro Social de estos campesinos.