Un mundo complejo en el que participan el dinero, la tecnología, las empresas hospitalarias, las aseguradoras y los médicos, cada uno con sus propios intereses y necesidades, ese es el sector privado de la medicina. Un buen negocio que opera en el país sin ninguna regulación que evite los abusos en el cobro de los servicios.

En México el sector médico privado debería ser un coadyuvante del sistema nacional de salud, y en los hechos lo es, aunque sólo está al alcance de un grupo de élite, aquel que cuenta con los recursos económicos para hacer frente a los costos de los hospitales privados.

No tendría que ser así, advierte José Campillo García, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud). El acceso a los mejores servicios médicos debería estar garantizado para todos: ricos y pobres, y el gobierno tendría que ver en la salud la palanca para el desarrollo nacional.

Sin embargo, esa visión no se ha hecho patente hasta ahora. El especialista recordó que está pendiente el proyecto de una reforma integral del sistema de salud para crear el seguro universal con base en los lineamientos diseñados por Funsalud y retomados al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Entre otros puntos, el organismo plantea la creación de un fondo único de financiamiento, donde se colocaría el dinero recaudado mediante un impuesto general para la población, con independencia de su condición laboral. Implica, por tanto, la desaparición o transformación de las cuotas obrero-patronales de la seguridad social.

Aunque el proyecto se detuvo porque la Secretaría de Hacienda lo consideró inviable financieramente, porque lo rechazó el Instituto Mexicano del Seguro (IMSS) y porque la secretaria de Salud, Mercedes Juan, dijo que no habrá, al menos este año, ninguna gran reforma, Campillo destacó que el sector privado se mantiene a la expectativa de un cambio legal en el país que favorezca su incursión en la prestación de servicios. Y eso, aclaró, no conlleva a la privatización del sector.

Esta es una falsa creencia, dijo, y abogó por que se emprenda un esfuerzo por desatanizar la participación del sector privado en la prestación de los servicios públicos.

Actualmente, indicó, el gran problema del país es que la medicina privada es un servicio residual de aquello que no puede atender de manera eficiente el servicio público.

Aunque en teoría hay una cobertura universal de salud, está el indicador de que casi la mitad del gasto en el sector lo hacen las familias para el pago de médicos y medicinas (gasto de bolsillo). En otros países, como Colombia, este gasto representa 15 por ciento. Significa, explicó Campillo, que las instituciones públicas no satisfacen las necesidades de la población.

Por eso, para quienes tienen capacidad de pago están las clínicas privadas, y detrás de éstas, sobre todo de los grandes hospitales, existen cuantiosas inversiones económicas que les permite ofrecer una atención de calidad. Eso cuesta.

Al respecto, Rodolfo Ondarza, neurocirujano y presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), opinó que esta situación ocurre por el incumplimiento del Estado en su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud y el abandono durante décadas de la infraestructura pública.

Respecto de los precios que se pagan por servicios médicos privados, señaló que si bien son elevados los costos de instalaciones lujosas y de calidad, equipos médicos de última generación y servicios disponibles las 24 horas, también es cierto que las empresas hospitalarias incurren en abusos, como el cobro de medicamentos tres o cuatro veces más caro que en cualquier farmacia.

Esto es algo que el gobierno federal debería regular, para evitar los abusos que se cometen en contra de los enfermos y sus familias.

Mario Mendoza, asesor en la ALDF, señaló que por la carencia de regulación los hospitales pueden incluir en las cuentas de los pacientes, dentro de los servicios de quirófano para una cirugía, la luz de la lámpara que se empleó durante el procedimiento.

Claramente, señalaron, estos son aspectos que deberían ser del interés de las autoridades federales y no tiene nada que ver con un control de precios que los empresarios rechazan. Es sólo cuestión de ética, resaltaron los especialistas consultados.

Y eso sólo del lado de las clínicas y hospitales. Aparte están los médicos que trabajan por su cuenta, generalmente con grado de especialistas, cuyos honorarios también son elevados.

A pesar del alto costo de las consultas, eso no significa que seamos ricos, sino que debemos cubrir una diversidad de necesidades y obligaciones, generalmente desconocidas para la población en general, aseguró Manuel Gallo Reynoso, cirujano gastroenterólogo, académico de la Universidad La Salle y director médico de la Clínica Londres, del Grupo Ángeles.

En el escenario de la medicina privada también están las compañías aseguradoras como una de las vías principales de acceso de las personas a los servicios clínicos particulares. Aunque, de acuerdo con especialistas, su penetración es limitada, pues sólo 6 por ciento de la población cuenta con una póliza.

Las personas piensan que los médicos son ricos y que el dinero es lo único o lo primero que tienen en la mente, pero no es así. “Vivimos bien, con algunas comodidades, un automóvil, viajes al extranjero, pero también debemos pagar impuestos, salarios de secretaria, enfermera o asistente, además de los servicios (agua, luz, teléfono) y la renta del consultorio, que puede ir –dependiendo de donde se ubique– de 5 mil hasta 20 mil pesos al mes”. Todo eso es caro, apuntó Gallo Reynoso.

Añadió que los médicos también tienen la obligación de contratar una póliza de seguro de responsabilidad civil, la cual representa otro gasto para los profesionales de la salud. Hoy la relación médico-paciente es más fría y exigente. Las demandas están a la orden del día, cuando antes ni se pensaban o eran muy pocas.

Reconoce que esos costos del hospital y de los médicos privados son pagados por los pacientes que solicitan el servicio porque la calidad y eficiencia de la atención en las instituciones públicas deja mucho que desear.

A las clínicas privadas llegan quienes tienen la capacidad económica, es cierto, reconoció Campillo, pero también lo es que hay precios para todos los segmentos de la población. Es igual que al salir de vacaciones y elegir un hotel de tres o cinco estrellas.

El también ex secretario de Salud resaltó algunas ventajas de pagar costos elevados por la atención médica. Los usuarios pueden confiar en que los hospitales privados atienden y cumplen con la regulación sanitaria porque ponen en juego su capital.

Con él coincidió Gallo Reynoso, y agregó que los médicos deben estar certificados por el consejo médico de su especialidad, aunque matiza: eso en los hospitales grandes e importantes ciudades, porque en provincia las condiciones de médicos y clínicas particulares son distintas.