as campañas para renovar las bancadas de San Lázaro han arrancado bajo el estigma del despilfarro de recursos públicos, el acoso propagandístico, las propuestas y candidatos de ínfimo atractivo, los indicios de compra de voto mediante televisores digitales y el asistencialismo social, la partidocracia global (en los diez organizaciones con derecho a competir) que impidió procesos siquiera indicativamente democráticos, la violencia desbordada (sobre todo en cuanto al crimen organizado) y una marcada indiferencia o abierta repelencia ciudadana que incluso ha impedido la correcta integración de unas 3 mil directivas de mesas receptoras de votos.

Al pernicioso contexto de inicio de la contienda escandalosa e insustancial se suma el factor definitorio de la falta de condiciones para participar en un proceso que apunta a repetir, perfeccionadas, las peores prácticas de organización y arbitraje en la materia, con un Instituto Nacional Electoral más desgastado que nunca (es decir, no bajo sus siglas actuales, sino entendido como lo que es, una flagrante continuación de su antecesor, el Instituto del Fraude Electoral, cambiadas las siglas sólo para pretender modificaciones sustanciales que obviamente no se produjeron).

Más allá de las evidencias negativas inmediatas (durante 60 días habrá una pautada tortura a los ciudadanos, mediante un implacable ataque de carteles, banderolas, pegotes, regalos utilitarios y, sobre todo, anuncios en medios electrónicos), el cantado destino del carnaval del voto está decidido en cúpulas fársicas integradas por el mencionado INE (dirigido por el doctor Lorenzo Córdova Vianello, decepcionante académico domesticado con gran rapidez por la burocracia y los intereses partidistas y sobre todo por los representantes de Los Pinos) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (conformado mediante cuotas partidistas, como el INE, y mafias familiares, cada vez más dominado ese tribunal por el peñismo).

Merced a esos ingredientes descompuestos es que desde ahora se habla de un resultado que parece paradójico, pues a contracorriente del fuerte descrédito de Enrique Peña Nieto se estaría en ruta hacia una mayoría priísta, en alianza con el partido de las cuatro mentiras (PVEM), en la próxima cámara de diputados. No sólo es que ningún partido opositor haya logrado construir una expectativa nacional de cambio a la altura de la crisis en curso y que la opción de las candidaturas ciudadanas haya sido saboteada explicablemente por las propias fuerzas partidistas resolutivas, sino que estructuralmente todo está organizado por el peñismo para mantener el control de San Lázaro en la próxima legislatura, en que se diseñará una nueva distribución de la riqueza nacional a partir del presupuesto 2016 desde base cero, que para su operación y aprobación requiere un resurgimiento de los aires del Pacto por México, en una segunda edición en la que podrán participar desde sus curules los mismos que acometieron la primera, es decir, el panista Gustavo Madero, el perredista Jesús Zambrano y el priísta César Camacho.

El anticipado colapso de lo electoral como vía para lograr cambios de fondo debería llevar al propio sistema a promover reformas que le restituyeran algo de credibilidad e incentivaran la participación ciudadana. Los intereses cupulares seguirán rigiendo la política electoral mientras sea indispensable invertir en campañas mucho dinero, proveniente de arcas gubernamentales o de instancias como el crimen organizado, para aspirar al triunfo. Derroches criminales en medio de una pobreza generalizada (utilizándola, justamente, mediante regalos y monedas, para conservarla).

Además de reducir en mucho el dinero público para partidos y campañas y de frenar el bombardeo propagandístico y la compra del voto, una reforma electoral verdadera debería garantizar la posibilidad de participación de ciudadanos como candidatos independientes, sin requisitos y trabas que se establecieron exactamente para boicotear esa alternativa y para conservar el poder de las postulaciones en los directivos de los partidos (en Nuevo León ha avanzado la postulación a gobernador, como independiente, de un político local conocido como El bronco, pero habrá de verse si no se está en presencia de una maniobra bien vista en el poder federal que incluso podría aceptar un eventual triunfo sobre una candidata priísta apagada y con la marca del gobernador actual, Rodrigo Medina, para demostrar que sí se puede ganar con ciertos aspirantes independientes).

Pero, obviamente, esos cambios sustanciales (cancelar el predominio del dinero, público o privado, en las campañas, y permitir la verdadera participación de aspirantes independientes) no se lograrán por propia decisión de los beneficiarios de que las cosas sigan así. A las cúpulas partidistas les conviene mucho recibir recursos y prerrogativas del erario, postular a dedo a la mayoría de sus candidatos, participar en el abuso propagandístico y continuar con el gran negocio de la política. Por lo pronto, ha comenzado la función circense de las campañas en pos de diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional, que se suman a las que buscan renovar gubernaturas, congresos locales y presidencias municipales en varios estados.

Astillas

Que dice el INE que no permitirá actos que intenten descarrilar las (descarriladas) elecciones… Ha dicho Luisa María (Cocoa) Calderón, nuevamente candidata (un poco) a gobernar Michoacán, que en esa entidad existen algunas candidaturas un poco apadrinadas por el crimen... Lagrimita no cumplió con los requisitos para ser candidato independiente a presidente municipal de Guadalajara, pero en otros lugares hay inconfesos colegas suyos registrados sin ninguna independencia en partidos formales… Dedicado ahora a la recolección de ex panistas, el partido Movimiento Ciudadano (antes Convergencia) postula para presidenta municipal de Mérida a Ana Rosa Payán, quien ya ocupó ese cargo dos veces… ¡Hasta mañana!

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