La tortura en México es una práctica generalizada, como afirmó Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas contra ese delito, no por la cantidad de casos denunciados, sino por el patrón de detenciones arbitrarias, violencia, ocultamiento e impunidad que sigue la gran mayoría de estas agresiones cometidas por servidores públicos de todos los niveles de gobierno.

Así lo indicaron activistas especializados en el tema, quienes lamentaron que ante el debate generado por el informe del relator, el gobierno mexicano sólo responda con posturas autoritarias de rechazo a la crítica, y pase por alto que la tortura no sólo se ejerce con golpes, sino con palabras, actitudes y amenazas que muchas veces no son identificadas como maltrato serio.

Raymundo Díaz, coordinador en el estado de Guerrero del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, manifestó su acuerdo con el informe de Juan Méndez, y señaló que el carácter generalizado de este crimen queda comprobado con el hecho de que todas las fuerzas de seguridad del Estado lo practican, incluidos el Ejército y la Marina.

De igual forma, en prácticamente todos los casos se registran pautas comunes de violencia desde los primeros momentos de la detención del acusado y hasta ponerlo a disposición de un juez, muchas veces con la finalidad de obtener declaraciones autoinculpatorias que son utilizadas para procesarlos judicialmente sin ninguna otra prueba.

Además de los golpes y las agresiones físicas directas, como electrocuciones y asfixia, hay toda una serie de acciones que pueden considerarse formas de tortura sicológica, pero no son reconocidas como tales por las autoridades ni por las propias víctimas, entre ellas los insultos, el apuntar con armas aun sin dispararlas, o la sola proximidad de helicópteros, camiones o tropas en actitud amenazante.

Cuando se dice que la tortura es 'generalizada', quizá los diputados o el Presidente piensen que hay que ver a miles de personas sangrando, con el ojo reventado, con marcas de toletes o de cables eléctricos, pero la identificación de pautas repetitivas es suficiente para comprobar dicho carácter, insistió.

El relator de la ONU sobre tortura y tratos crueles, Juan Méndez, manifestó que en México recibió presiones para minimizar su informe sobre torturaFoto Notimex

Al ser puesto en evidencia, el gobierno mexicano ha preferido desacreditar al relator de Naciones Unidas y minimizar el problema, para seguir con su juego de imagen internacional, sin importar que casos como los de Tlatlaya y Ayotzinapa dejen clara la persistencia de violaciones graves de derechos humanos, señaló.

Javier Monroy, coordinador del Taller de Desarrollo Comunitario, coincidió en que la tortura sí es de carácter generalizado en el país, ya que la ejecutan cuerpos policiacos y militares de todos los niveles, y casi siempre de la misma manera.

La información indica que aunque el relator hizo un muestreo de algunos casos, son señales de que es una práctica en todos los niveles. Además, es una realidad que conocen los defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general, que ya saben la forma de tortura tanto física como sicológica de las policías y los militares, manifestó.

Un ejemplo de cómo se ejerce esta última forma de maltrato es el de los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pues la falta de acción de las autoridades los ha mantenido en un estado de angustia y terror que es ya una tortura sicológica, a veces más impactante que la física.

Ante los informes críticos de organizaciones internacionales, el gobierno mexicano ha reaccionado de manera lógica, porque no puede aceptar que así funciona el sistema de justicia en nuestro país, pero se me hace muy torpe ir contra el relator y minimizar hechos que son ampliamente conocidos. Están dando patadas de ahogado y no pueden esconder la realidad.

Lamentó que el Estado mexicano actúe con prepotencia y con la intención de enfrentar todo aquello que desnuda su actuación en cuanto a prácticas negativas contra los ciudadanos. Forma parte de la estrategia de mantener la impunidad y decir que el gobierno es la víctima de la delincuencia, agregó.