En marzo pasado, el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la preocupación de la Iglesia católica por las prácticas de las industrias extractivas, las cuales vulneran las garantías individuales de poblaciones indígenas y campesinas del continente.

Obispos de América Latina plantearon en esa ocasión, en una audiencia, que si bien esas empresas generan recursos económicos para la inversión pública, la acelerada e irracional explotación y expansión de la industria extractiva afecta derechos fundamentales, como el uso del agua.

 Advirtieron sobre las consecuencias de la cada vez más amenazante actividad extractiva sin rostro humano ni ética, de acuerdo con reportes registrados en sitios webs de noticias católicas, entre ellos el propio Celam.

Ese 19 de marzo, se planteó que muchos estados de la región permanecen indiferentes a las prácticas. Destacó entre ellas la criminalización de activistas y afectaciones graves a la salud y la vida de las comunidades.

Señaló que las empresas internacionales subordinan las economías locales e incumplen convenios con la Organización Internacional del Trabajo, además de que no respetan los procesos sociales, económicos y culturales de las comunidades. La calidad de la vida se sacrifica.

La Iglesia llamó a buscar modelos alternativos y sostenibles del desarrollo económico de explotación de recursos naturales.

Indicaron que la Iglesia no puede ni debe quedarse al margen de la lucha por la justicia, más aún siendo testigos de tantos daños y destrucción al ambiente y la salud de las personas.