Al cumplirse este jueves otro aniversario de la guerra de las Malvinas –2 de abril 1982–, el responsable de la Secretaría de Asuntos Relativos a las Malvinas, Daniel Filmus, condenó que el Reino Unido opte por el armamentismo y la militarización del Atlántico Sur, zona declarada de paz y libre de armas nucleares, y se niegue a reanudar las negociaciones con Argentina, incumpliendo las resoluciones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y de su Comité Especial de Descolonización.

El Reino Unido pudo negociar durante casi dos décadas con una Argentina en épocas de sus peores dictaduras, pero se niega a hacerlo con una democrática, comprometida con la solución pacífica de las controversias y apego irrestricto al derecho internacional, tal como ha consagrado la Constitución Nacional, criticó el funcionario.

En entrevista con La Jornada, Filmus recordó que la cita anual obligada para debatir la cuestión de las Malvinas en el continente americano es la sesión anual de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.

–¿Ha sido suficiente el apoyo de los países de la región para la causa argentina?

–Todos los países de la región de América Latina y el Caribe apoyan los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía.

–¿En qué situación se encuentra el diálogo con Gran Bretaña?

–El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte se niega a reanudar las negociaciones de soberanía que demanda la comunidad internacional. Se trata de las mismas negociaciones que mantuvo con nuestro país entre 1966 y 1982 en las cuales se discutieron diversas fórmulas de solución.

–¿Cuál es el valor estratégico de las islas?

–El Atlántico sudoccidental constituye, en términos de desarrollo y vinculación internacional, una de las grandes potencialidades de nuestro país en el siglo XXI, dados su valor estratégico y el volumen y riqueza de recursos disponible.

–¿Cuál ha sido la afectación económica para Argentina?

–El Reino Unido usurpa anualmente riquezas ictícolas por más de 600 millones de dólares y percibe, además, más de 34 millones de dólares en concepto de recaudación anual por los diferentes tipos de licencias ilegítimamente otorgadas a empresas pesqueras por plazos de hasta 25 años. La ley 24922 de régimen federal pesquero contempla la sanción a empresas pesqueras o grupos económicos que operan ilegítimamente de manera directa o indirecta en las islas y los espacios marítimos circundantes.

“En cuanto a hidrocarburos, según algunas estimaciones, las tres cuencas hidrocarburíferas alrededor de las islas podrían contener reservas de hasta 60 mil millones de barriles de petróleo, sin perjuicio de las posibles reservas de gas. De acuerdo con ello podría existir un potencial de 6 billones de dólares, sólo de hidrocarburos en la región, lo que evidencia la magnitud del despojo que sufre Argentina y nuestra preocupación por su eventual agotamiento, así como por la contaminación y riesgos para el ambiente.