Afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento, advirtió el gobierno de México a Joachim Rücker, presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 13 de marzo.

‘‘Tal afirmación supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no ha sido debidamente documentado, toda vez que únicamente se ha proporcionado información específica sobre 14 casos.

‘‘Estamos preocupados por el hecho de que la afirmación citada anteriormente se aparta de una más profunda y constructiva discusión relacionada con las mejoras que pueden lograrse a partir de las acciones que el gobierno ha puesto en marcha para combatir esta práctica, específicamente tomando en consideración que el relator ha reconocido ante el consejo que la metodología utilizada es rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles’’, enfatiza el texto.

El documento cuestiona las afirmaciones del relator (Juan Méndez), al establecer que México ‘‘desea dejar constancia de su profunda decepción por el hecho de que un ejercicio de cooperación que debería caracterizarse por un diálogo constructivo basado en la confianza mutua, haya quedado reducida a señalamientos que carecen de fundamento, los cuales no contribuyen a generar las condiciones propicias para fomentar la cooperación internacional para la protección de los derechos humanos’’.

De acuerdo con el gobierno mexicano, ‘‘en todo momento se respetó la independencia que le es conferida en su capacidad de relator y otorgó todas las facilidades necesarias para asegurar que la visita se llevara a cabo en las mejores condiciones posibles’’, y enfatizó que el relator también contraviene esta obligación al haber realizado múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales a los medios de comunicación, tratando de justificar la terminología utilizada en el informe. Al haber hecho esto, él omitió mencionar la postura que el gobierno de México, de manera repetida y directa, ha expresado al respecto’’.