illado en flagrante abuso de poder (un acto de corrupción, a fin de cuentas), el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), David Korenfeld Federman, pretende elevar a la categoría de política institucional el método de las disculpas, como exculpación presunta y cómoda, y del pago de daños menores como justificación para continuar con los beneficios personales o grupales a partir de los recursos públicos.

Así como el partido de las cuatro mentiras (el PVEM) prefiere pagar multas y más multas (todo con cargo al mismo dinero público recibido a título de prerrogativas) con tal de conseguir más votos que a su vez incrementen la tasa de acceso a esas mismas prerrogativas (y de ayudarle al PRI a contar con mayoría suficiente en San Lázaro, lo que es el negocio verdadero en juego), Korenfeld anunció campechanamente que el error inexcusable que cometió al utilizar un helicóptero con logotipo de la Conagua para trasladarse con su familia de su casa en Bosque Real, municipio mexiquense de Huixquilucan, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, podría ser subsanado al cubrir el costo por la utilización del helicóptero oficial, mediante depósito a la Tesorería de la Federación (volátil Fe de Ratas, como el canciller Meade con sus fraudulentos exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano).

Si las fotografías del caso no hubieran sido colocadas con oportunidad y contundencia en el resonante mundo de la comunicación social internética, no se habría producido la pretensión obscena de pagar por el uso delictivo de un bien público para fines personales. Habrá de verse el rubro específico bajo el cual la Tesorería de la Federación llegase a aceptar ese pago anunciado por Korenfeld, pues podría configurarse una forma de complicidad explícita del gobierno de Peña Nieto con su amigo infractor. Sería escandaloso que las arcas de la nación aceptaran una especie de soborno para disolver las evidencias de un acto ilícito, una sublimación del sistema de los dueños de centros nocturnos y expendios de bebidas alcohólicas que prefieren pagar sistemáticamente multas por violar horarios y reglas de operación con tal de seguir trabajando y ganando mucho más de lo que significan las infracciones. Peñalandia ya tiene residencias de súper lujo sin conflicto de intereses a pesar de provenir de contratistas beneficiados por el mismo grupo mexiquense, ahora se podría ingresar a la era de los funcionarios que paguen a la Tesorería de la Federación por cada irregularidad o delito (menores, circunstanciales) que les sea encontrado.

Es necesario insistir en que la disculpa pública de utilería expresada por el funcionario que pertenece a la nomenclatura peñista proveniente del estado de México, y el tramposo pago por la infracción cometida, no se habrían dado si no se hubiera conocido el ilícito (en una primera reacción, la más significativa en cuanto a las prácticas procesales penales, la propia Conagua afirmó que el funcionario y su familia habían sido llevados al aeropuerto capitalino por razones de salud, mientras en vías informales se aseguraba que la nave había sido usada para llevar a la familia Korenfeld al AICM para iniciar un viaje de vacaciones personales). En realidad, la única salida decorosa del polémico impulsor de las propuestas de leyes para la privatización del agua en beneficio de grupos empresariales amigos sería la renuncia, como primer paso, y su sujeción a un proceso administrativo y judicial para castigar la conducta abusiva e incluso para indagar la muy previsible comisión de similares hechos en ocasiones no fotografiadas.

De entrada, los sucesos de ayer muestran la peligrosa predisposición del titular de la Conagua para valerse de sus facultades como funcionario para obtener beneficios personales. Ello confirma la percepción de que hay fuerte riesgo de corrupción en el proyecto de privatización del agua, pendiente de resolución en el Congreso federal, previsiblemente destinado a que sea la próxima legislatura la que tome las decisiones del caso. Como en muchas oficinas integrantes del gabinete federal, predominan los apetitos con cargo al erario y la búsqueda de proyectos que reporten ganancias y comisiones para los funcionarios coadyuvantes del empresariado de cuates que participa en este sexenio de Hidalgo.

Sin embargo, el episodio de Korenfeld sólo es un pálido botón de muestra. En términos generales, los funcionarios y políticos con manejo de recursos públicos disponen de éstos en condiciones absolutamente abusivas y delictivas. La flota aérea del corrupto poder político mexicano, a niveles federal y estatal, es utilizada por presidentes y gobernadores para caprichos (ir de compras a tiendas estadunidenses, como ejemplo grotesco), viajes familiares a lugares inequívocamente vacacionales, traslado de amigos y socios e incluso para giras transoceánicas con parentela propia y extendida, faraonismo de opereta en visitas de Estado al Reino Unido y otros destinos.

Manejado a contentillo de los titulares de los poderes ejecutivos, el uso de esa flota aérea ha servido también para inflar cuentas a nombre de empresarios amigos que luego muestran su agradecimiento proporcionando servicios de vuelo gratuitos en campañas e incluso incorporando a los gobernantes a la lista de accionistas, para que así los generosos mandatarios cuenten con alguna o algunas naves a título de apenas disfrazada propiedad personal. Más que disculpas y sospechosos pagos infames, es necesario que Los Pinos y los gobiernos estatales transparenten las cuentas y las formas de uso de aviones, helicópteros y vehículos terrestres, sobre todo a la luz de los recortes presupuestales en puerta, que no pueden tener como referente el dispendio y la corrupción generalizadas en los niveles palaciegos.

Y, mientras Abkatún A-Permanente da significativa muestra de fuegos y catástrofes, ¡hasta mañana, con Lorenzo Córdova (INE) y Salvador Cienfuegos (Sedena) en firma de convenios de cumplimientos electorales)!

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