Un juez de distrito ordenó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que reconecte el servicio en los pozos de agua que abastecen al pueblo de Coyotepec, en el estado de México, por considerar que aunque dicha comunidad adeuda 31 millones de pesos, el acceso al líquido es prioritario para garantizar el derecho a la vida y la salud.

Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó a La Jornada que el juez segundo de distrito en el estado de México, con sede en Naucalpan, ordenó a la CFE reconectar el servicio.

Esta resolución, enfatizó el activista, es de enorme importancia ya que sienta un precedente sobre la forma en que el Poder Judicial analizará en el futuro otros conflictos similares.

Saludamos la resolución porque puso los derechos humanos por encima de los intereses monetarios de la CFE. Además, hay que destacar que el magistrado ordena la resolución sin que Coyotepec tenga que pagar algo, no porque deje inválida la deuda, sino porque la falta de electricidad violaba al derecho a la vida y la salud, subrayó.

Ante esto, la CFE tuvo que reconectar la energía a los tres pozos que abastecen a 35 mil habitantes, aunque ya interpuso una queja contra el fallo al argumentar que no violaba las garantías de los pobladores, pues únicamente había cortado la electricidad, pero no el agua.

La energía eléctrica debe ser elevada a rango constitucional como un derecho humano, al ser parte fundamental de una vivienda digna, recalcó Lara.

Aunque el fallo significa un avance importante, “las autoridades estatales sólo postergan el conflicto, porque mantienen la intención de municipalizar el agua y entregársela a empresas inmobiliarias y a las ciudades bicentenario. Esta suspensión reposiciona a la comunidad en términos legales, pues el argumento del adeudo ya quedó por los suelos”.