Washington.

El presidente Barack Obama autorizó un programa para desalentar y castigar los ciberataques, el cual incluye sanciones financieras a ciberintrusos en el extranjero y a las empresas que a sabiendas se beneficien con los frutos del espionaje cibernético. Esta última categoría podría incluir empresas de propiedad estatal en Rusia, China y otras procedencias, lo que podría provocar fricciones diplomáticas.

Las amenazas cibernéticas plantean uno de los desafíos más graves para la economía y la seguridad nacional de Estados Unidos, afirmó Obama en una declaración después de firmar una orden ejecutiva que crea el primer programa de sanciones para dichos ataques.

La orden ejecutiva es la medida más reciente del gobierno para responder a las amenazas crecientes de naciones y de grupos delictivos. Otorga a Estados Unidos la autoridad para imponer sanciones a individuos y empresas, aunque no se anunciaron penalidades específicas.

Contra individuos y empresas

Estamos entusiasmados con esta nueva herramienta que nos permite exponer y aislar a los que están detrás de actividades cibernéticas maliciosas, afirmó John Smith, que dirige la división del Departamento del Tesoro que administrará las sanciones.

Obama afirmó que las sanciones se aplicarán a quienes estén involucrados en ciberactividades maliciosas que traten de dañar infraestructura y sistemas de computadoras o traten de robar secretos comerciales o informaciones confidenciales. Para estar sujeta a las sanciones, la intrusión deberá ser declarada perjudicial para la seguridad nacional o la seguridad económica de Estados Unidos.

Las sanciones permitirían requisar sus fondos en Estados Unidos y los vetaría del sistema financiero estadunidense. También se aplicarían a una corporación que a sabiendas se beneficie de secretos comerciales robados, dijo la Casa Blanca.

Funcionarios de inteligencia y la administración de justicia saben desde hace tiempo que compañías de propiedad estatal en China y otros sitios son cómplices del ciberespionaje económico que atenta contra la propiedad intelectual de compañías occidentales, pero contra las cuales hasta ahora no se habían podido tomar medidas.

El gobierno ha pensado realmente cómo perjudicar a los beneficiarios del espionaje cibernético, afirmó James Lewis, experto en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.