La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) aseveró que ante la grave situación que enfrentan los jornaleros del país, el gobierno debe fijar una política pública que resguarde los derechos básicos de 1.97 millones de trabajadores agrícolas que existen en el territorio, de los cuales la mayoría son jóvenes y no en pocos casos niñas, niños y mujeres.

En conferencia de prensa, en la cual anunciaron su respaldo a los jornaleros de San Quintín, Baja California, José Narro Céspedes, dirigente de la CNPA, y Carlos Ramos, integrante de la comisión política de dicha agrupación, indicaron que presentaron una propuesta de programa ante la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para atender a ese sector. Agregaron que también han tenido acercamientos empresarios agrícolas.

Narro expresó que las condiciones de esos trabajadores recuerdan la época porfiriana, de peonadas y acasillamiento. Es algo que estamos volviendo a ver. Añadió que dicho esquema incluye no sólo el respeto a los derechos laborales, sino también la creación de albergues, escuelas e instalaciones adecuadas para esos trabajadores.

Anunciaron que en los próximos días una delegación de la CNPA visitará a los jornaleros de San Quintín, en apoyo a su lucha. Lamentaron que la Sedesol tenga un programa para jornaleros que prácticamente los han dejado en ceros, pues fue uno de los esquemas afectados por el recorte presupuestal.

Afirmaron que, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 29 por ciento de quienes laboran en las actividades agropecuarias no percibe ningún ingreso. La mayor parte de los 1.97 millones de trabajadores del campo son sometidos a extenuantes jornadas, sin recibir pago alguno.

Añadieron que 27 por ciento del total de trabajadores del campo perciben un salario mínimo o menos por jornada laboral, dato que, en números absolutos, representa 1.81 millones de personas a quienes se les paga menos de 65 pesos por día.

Tras asegurar que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe estar en la mesa de negociación con los jornaleros de San Quintín y criticar que se los pongan a dialogar con quienes los haa explotado, Ramos dijo que los gobiernos federal y estatales deben reconocer su responsabilidad ante las circunstancias que enfrentan, en general, los productores del país.