Las regulaciones que opera el Archivo General de la Nación (AGN) para el acceso a documentos relacionados con los movimientos sociales del pasado –de las décadas de los sesenta y setenta del siglo anterior– no representan un retroceso, sino una sistematización a partir de la obligación legal que ahora hay de proteger los archivos confidenciales históricos, señaló Francisco Javier Acuña, comisionado del Instituto Federal de Acceso la Información y Protección de Datos (Ifai).

En entrevista, el comisionado explicó que la nueva ley que regula el manejo de los archivos en México está en consonancia con las convenciones internacionales en materia de archivística, en las que se establece la protección de datos personales para involucrados en asuntos catalogados como históricos.

Cuando se trata de información considerada datos sensibles, a escala mundial hay un consenso de reservarlos 70 años, e incluso hay países que los mantienen bajo reserva 100 años.

Ahora se elaboran versiones públicas donde se mantiene testada la información relacionada con víctimas y victimarios de hechos históricos, sea de dictaduras, de matanzas o sucesos sensibles para la sociedad, por el impacto que pueda tener para los familiares.

Se trata, según el artículo 17 de la ley que regula el manejo de los archivos, de datos sensibles relacionados con: origen racial o étnico, información genética, creencias religiosas, filosóficas o morales, preferencia sexual y afiliación política y sindical.

Acuña se refirió a la polémica que hay entre algunos investigadores por las restricciones que ahora encuentran para consultar los documentos relacionados con los movimientos sociales del pasado –1968, la guerra sucia, entre otros–, con todo este bloque de episodios negros de la histórica mexicana, en relación con la forma en que pudieron acceder a esta información en el sexenio de Vicente Fox.

El comisionado del Ifai asume que hubo un error de origen, donde se remitió literalmente un tambache de información sin un elemental protocolo por parte del AGN, contrario a sus prácticas de ser escrupuloso para admitir documentación en el archivo histórico. Lo recibió sin mayor rigor por tratarse de un decreto presidencial. Esa insuficiencia hace que ahora parezca aberrante que exista una regulación para acceder a esa información.

¿Cómo es posible que a estas alturas esta información de hechos tan graves tenga que consultarse de manera parcial? Esa es la razón; son archivos históricos confidenciales, lo cual no significa que se pretenda cerrar la investigación sobre el pasado reciente.

Con la nueva ley de 2012, se regula lo referente a los datos personales sensibles hasta que hayan transcurrido 70 años. para proteger a familiares de víctimas y victimarios, en algunos casos. Sin embargo, la información es accesible, pero en una versión pública que se entrega al interesado. Lo único que se testa son los datos sensibles de personas, como lo establece la ley.

–¿No hay retroceso?

–No lo veo así. Es un asunto técnico. Sé que esto no es popular decirlo, ya que todos quisiéramos que estuviera abierto. Aquí lo hemos demostrado los comisionados, que exigimos que se abrieran las averiguaciones previas de Tlatlaya y de los normalistas de Ayotzinapa –acontecimientos recientes–, pero con versión pública, porque se trata de que se conozcan las circunstancias, pero no los detalles, como por ejemplo si una de las víctimas apareció con la cabeza destrozada o el victimario confesó. En aquella época (de los movimientos sociales), ve a saber de qué forma aberrante se obtenían las confesiones.

En esto no todo es histórico, pero, como está todo relacionado con hechos que sí tienen connotación histórica, entonces este conjunto de documentos se catalogó y se colocó en la galería número uno, concluyó.