A finales de enero de este año, la casa del presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh), Adrián Ramírez, fue allanada por un grupo de personas que robó sus pertenencias o las destruyó, incluido el archivo histórico de esta organización, que contiene documentos valiosos sobre diversos casos.

En charla con La Jornada, el activista explicó que desde 2013 rentaba una vivienda que ocupó hasta hace unos meses. Sin embargo, aprovechando su ausencia y la de su familia, quienes salieron de la ciudad del 28 de enero al primero de febrero con motivo de un viaje, un grupo de hombres entró por la fuerza a la casa y le cambió la cerradura a la puerta.

A su regreso, el hijo de Ramírez incluso fue detenido por la policía, al ser acusado por los ocupantes de allanamiento de morada. Cuando la familia acudió a presentar documentos que acreditaban su estancia en el lugar desde hacía dos años, supo que una mujer le reclamaba la posesión legal del inmueble a la persona que se los había rentado.

Aunque la toma de la vivienda y el desalojo de sus habitantes se consideró un conflicto entre particulares, señaló, una de las consecuencias es que el archivo histórico de la Limeddh fue robado y probablemente destruido, pese a contener documentos valiosos sobre casos como las matanzas de Aguas Blancas y El Charco.

De igual manera, incluye datos sobre la represión contra miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006 y los abusos cometidos en mayo de 2004 contra grupos altermundistas en Guadalajara, además de diversos objetos con un valor cercano a los 600 mil pesos, subrayó.

Aunque diversos peritajes han comprobado que los hombres que invadieron la casa tuvieron que volar la cerradura y que no lograron acreditar que el sitio estuviera deshabitado, como afirmaron para no tener que entrar a juicio con Ramírez, hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha avanzado muy lentamente en el caso y no ha podido desalojar a los ocupantes.

El Gobierno del DF se comprometió a resolver el caso pronto, pero todavía no lo ha hecho. A dos meses, siguen sin investigar el robo y cuando estas personas reciben un citatorio, no acuden a declarar, lamentó.