Toluca, Mex.

Activistas del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) e Irinea Buendía, a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México reabra la investigación por la muerte de su hija Mariana Lima Buendía, bajo una perspectiva de género, solicitaron ayer al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, una audiencia para conocer de qué forma la administración estatal garantizará que se cumpla la sentencia de la Corte y se indague de manera imparcial y profesional el deceso.

Durante un foro realizado en esta ciudad para dar a conocer el fallo que emitió la primera sala de la SCJN, las activistas demandaron a las autoridades mexiquenses que dejen la simulación y ahora sí enfrenten y atiendan de manera seria y responsable el problema del feminicidio y las desapariciones en la entidad.

Alertaron que a diario se viven episodios dramáticos no sólo por los feminicidios, sino ahora por ola de desapariciones de mujeres de entre 13 y 25 años, cuyos casos son vistos con indiferencia por la autoridad, pues muchos ni siquiera se investigan.

El año pasado, dijo María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF, se reportó la desaparición de 400 jovencitas en el estado de México, muchas de las cuales no son investigadas por la procuraduría estatal a pesar de existir una fiscalía especializada para atender estos asuntos.

La impunidad está cobrando muchas vidas, no podemos seguir invisibilizando este problema. De qué sirve crear tantas instancias, si no funcionan, si no les dan dientes para operar de manera adecuada, si no existen protocolos o bien estos no son aplicados, dijo Estrada.

Señaló que de 2011, fecha en que se tipificó como delito el feminicidio, a 2013 se registraron 840 asesinatos de mujeres en la entidad, de los cuales, sólo 145 casos fueron incluidos en esta categoría, a pesar de que la autoridad ha reconocido que 40 por ciento de estos casos reunían las características.

Dijeron que en el estado de México se siguen integrando mal los expedientes y al llegar al Poder Judicial los casos de feminicidio son reclasificados como homicidios dolosos y todo por una mala integración de la carpeta. ¿Dónde quedaron los 200 policías que iban a capacitar para atender este tipo de casos?, ¿dónde operan o qué tipo de capacitación les dieron?, todo eso queremos que nos expliquen, dijo Estrada.

Independientemente de si las recibe el gobernador, las activistas afirmaron que darán seguimiento puntual a la actuación de la procuraduría estatal para que cumpla al pie de la letra el fallo que ordena el inicio de una investigación sobre la muerte de Mariana Lima Buendía, cuyo caso, en primera instancia fue declarado suicidio, aunque la familia insiste en que se trató de un asesinato perpetrado por su esposo, un policía judicial de la entidad.