En el presente año, entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se ubica entre los países que destinan menos recursos públicos a preservar la salud de la población.

El gasto asignado a dicha función suma 2.86 por ciento del producto interno bruto (PIB); en tanto, países como Chile asignan 3.98 por ciento, Corea 4.02, Israel 4.62 y Turquía 4.81.

Los naciones que más gastan en este rubro son: Dinamarca (9.78 por ciento), Francia (9.19), Alemania (8.92), Austria (8.55) y Estados Unidos (8.30).

La Cámara de Diputados, por conducto de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, señala que la inversión pública en salud se justifica porque permite el mejoramiento de la productividad del factor de trabajo. Es una política fundamental para la formación y conservación del capital humano, ya que una población con carencias de estos servicios ve afectada su fuerza laboral con fuertes repercusiones económicas (falta de crecimiento, mala distribución de la riqueza y retroalimentación de los factores generadores de pobreza).

Incluso, sostiene que desde la perspectiva de funcionamiento de los mercados se corrigen las fallas de las instituciones privadas al asistir socialmente a la población en situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad o que se localiza en comunidades alejadas, de difícil acceso y que no cuenta con los recursos económicos para acudir a las instituciones privadas de salud.

En el país, las dos entidades más importantes para el gasto propuesto en salud pública son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que concentró 1.27 por ciento del PIB, y la Secretaría de Salud, que sólo obtuvo 0.71 por ciento.

Por destino del gasto, el análisis muestra que la prestación de servicios de salud para la persona es el rubro más importante donde se canalizan estos recursos, que concentraron 2.9 por ciento del PIB en el gasto total en salud, seguido por la protección social en salud, donde se aprobó 0.47 por ciento.

El análisis concluye que el gasto en salud pública presenta altos rasgos de centralización en el ejercicio fiscal 2015. Del monto total, 2.43 del PIB se ejerce por las dependencias del gobierno federal o sus órganos desconcentrados, mientras el resto, 0.43, se envía a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto público en salud en México es que 96.97 por ciento se destina para gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación (papelería y equipo de computo, fondos de pensiones y jubilaciones), y únicamente 3.03 por ciento se asigna para gasto de inversión, para la modernización y ampliación o construcción de infraestructura en salud.