El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, respaldó ayer los señalamientos del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, en torno a que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la tortura, Juan Méndez, no fue profesional ni ético al destacar que en México esa práctica es generalizada.

En una reunión privada con senadores, realizada el pasado martes, Gómez Robledo criticó a Méndez porque desestimó los argumentos oficiales y dio más valor a premisas sin pruebas al momento de emitir su resolutivo.

Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar y que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada de la tortura, añadió el subsecretario.

Durante el encuentro con los legisladores, calificó el dictamen del relator de poquitín banquetero, y eso no ayuda a nadie; en cambio, todos pierden.

Gómez Robledo agregó que “pierde el relator, porque no vamos a trabajar con él en un rato; perdemos nosotros, porque no tendremos su asesoría; pierden los demás estados que pensaban invitarlo, porque después de este desaguisado con México dirán ‘mejor no lo invitamos’, y pierde la eficacia del sistema multilateral, y en eso (Méndez) tiene responsabilidad, ya que a todos nos importa que estos mecanismos funcionen”.

Ayer en una conferencia de prensa el canciller Meade, a pregunta expresa sobre si mantiene los señalamientos de Gómez Robledo, dijo suscribir en todos y cada uno de sus términos lo dicho por el funcionario.

No es esta la primera vez que el gobierno de Enrique Peña Nieto critica al relator Juan E. Méndez. Un día después de conocer el informe sobre México, el embajador ante Naciones Unidas, Jorge Lomónaco, rechazó que en el país la tortura sea una práctica generalizada. Eso no corresponde con la realidad, subrayó.

Al dar respuesta a los señalamientos de las autoridades mexicanas, el relator Méndez aseguró que su reporte se basó en cientos de testimonios y no en decenas, como expuso la parte oficial.

En su resolutivo, el relator señaló que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención de una persona y antes de su puesta a disposición de la justicia son ‘‘generalizados’’ y ocurren en un contexto de impunidad.

Añadió que existen evidencias de la ‘‘participación activa’’ de las fuerzas policiales y ministeriales de casi todas las jurisdicciones y de las fuerzas armadas, pero también de la‘‘tolerancia, indiferencia o complicidad’’ de algunos médicos, defensores públicos, fiscales y jueces.

Sumado a ello, externó su ‘‘extrema preocupación’’ por lo ocurrido en Iguala, Guerrero, en septiembre pasado, donde autoridades municipales, en colusión con el crimen organizado, desaparecieron forzadamente a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ejecutaron a seis personas –algunas presentaban claras muestras de tortura– e hirieron a más de 20.

Esta ‘‘inaceptable tragedia’’ constituye un llamado urgente al gobierno de México para implementar reformas estructurales en materia de seguridad, lucha contra la corrupción y garantías de los derechos humanos, señaló en su reporte de 21 páginas, que incluye una larga lista de recomendaciones que empiezan precisamente con ‘‘reconocer públicamente’’ la dimensión de la impunidad.