Profesores del subsistema de Educación Especial del valle de México denunciaron que con engaños y presión de las autoridades educativas, desde julio de 2014 se puso en marcha un proceso de regularización de plazas denominado cancelación-creación, con el que se pidió a cientos de docentes y sicólogos darse de baja por pasar a otro empleo, ya sea mediante promoción o generación de nuevas claves administrativas.

Con esta medida, afirmaron, perdimos el nombramiento definitivo, denominado código 10, lo que implica una afectación directa a antigüedad, prestaciones, derecho a la prejubilación, reconocimiento de trayectoria de hasta 30 años de servicio y en la aplicación del estímulo económico obtenido mediante el programa de Carrera Magisterial.

Integrantes del comité de afectados señalaron que hubo dolo de los funcionarios estatales de educación, porque en julio y septiembre pasado se nos llamó con engaños para que firmáramos una carta, sin ningún logotipo, que decía que a petición del trabajador se solicitaba la baja de una plaza de base, y ahora se nos ha asignado una con código 95, que corresponde a un interinato ilimitado. Es decir, después de una vida de servicio, ya no tenemos plaza de base, y hay la amenaza de que si no aceptamos el cambio a la nueva clave nos podrían suspender el pago del salario.

En entrevista con La Jornada, Itza Martínez, Virginia Blancos, Juan Zaragoza, Alma Rosa Medina, Lourdes López, Emiliano Monsiváis y Patricia López, quienes son parte del grupo de afectados, los cuales, indicaron, suman cerca de 700 de un grupo de 2 mil 200 trabajadores, exigieron al gobernador mexiquense Eruviel Ávila y a las autoridades de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, que se les otorgue un nombramiento con código 10 como el que veníamos sustentando, que se garanticen nuestras prestaciones y el perfil que ostentamos en la basificación anterior, y que se garantice que no habrá afectación a nuestros derecho ni a la inamovilidad de las plazas.

Señalaron que durante meses han buscado una respuesta de las autoridades competentes. Solicitamos a Ana Laura Ponce Valencia, jefa del Departamento de Educación Especial, y a la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se atendiera este problema. Se dijeron sorprendidos, nos pidieron confianza de que se iba a resolver. Pero han pasado meses y no hay una respuesta concreta. Esto nos llevó a buscar una solución con autoridades educativas, pero en los hechos nadie se quiere hacer responsable del desastre que está generando este proceso.