Seis meses después de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, muchas interrogantes siguen sin respuesta mientras las autoridades ignoran o deslegitiman las observaciones de organismos internacionales sobre la persistencia de violaciones graves en el país, afirmaron en un comunicado Amnistía Internacional, la Fundación para el Debido Proceso y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Hicieron un llamado al gobierno mexicano a dar completo apoyo al grupo de especialistas independientes enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Iguala y a implementar sus recomendaciones, y advirtieron que el gobierno de México sigue intentando deslegitimar e ignorar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, como los informes del relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, y del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.

Recordaron que el grupo de expertos enviados por la CIDH publicó un informe de sus primeras actividades en el país, en el que solicitan a las autoridades que continúen la búsqueda de los estudiantes, juzguen el caso como desaparición forzada y aseguren la preservación de las evidencias.

En tanto, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, se sumó a la petición de que el caso sea juzgado por desaparición forzada y no sólo como secuestro y homicidio.

Por otra parte, católicos, evangélicos, pentecostales, presbiterianos, anglicanos e integrantes de agrupaciones de creyentes y alumnos de la Universidad Pontifica de México criticaron que el gobierno persista en su versión de los hechos y demandaron justicia en el caso Iguala y para los más de 22 mil desaparecidos en el país.

Reunidos en la Estela de Luz, efectuaron una ceremonia ecuménica antes de sumarse a la marcha hacia el Monumento a la Revolución. En esta actividad participaron integrantes del Observatorio Eclesial, de Iglesias por la Paz y Comunidades por la Justicia y Paz.

Exigieron la presentación inmediata y con vida de los estudiantes víctimas de desaparición forzada, la aplicación de protocolos eficientes de búsqueda, apegados a los más altos estándares internacionales, la acción coordinada e investigaciones exhaustivas que involucren a todas las instancias competentes, y llamaron a no cerrar el caso.

Fray Julián Cruzalta, asesor teológico de Católicas por el Derecho a Decidir, precisó que la fe debe ser actuante, no puede permanecer ajena al asunto de la justicia y exigió que se esclarezca el caso de los normalistas.

Señaló que, como iglesias, no los convence lo que ha dicho la Procuraduría General de la República. Queremos justicia, y justicia es acceso a la verdad.