rimero fue la garantía gubernamental de que el desplome de los precios petroleros no afectará el ingreso de estados y municipios, porque los dineros provenientes del oro negro están blindados; después, que el tijeretazo presupuestal de enero pasado –producto de tal caída, con todo y blindaje– no repercutirá negativamente en las finanzas estatales ni municipales, y lo más reciente, pero no lo último, que el ya anunciado recorte en 2016 tampoco perjudicará a las 32 entidades de la República ni a sus cerca de 2 mil 500 municipios. Una maravilla, pues.

Pero la mágica retórica del gobierno federal se topa con la contundente realidad: los estados y municipios del país obtienen el grueso de sus ingresos presupuestales del propio gobierno federal, y si éste recorta su presupuesto, entonces ¿de dónde o de qué forma mantendrá intocadas, según su propia promesa, las finanzas estatales y municipales?

Para dar una idea de qué se trata, en este zarandeado 2015 los estados financieramente con mayor dependencia del centro son San Luis Potosí y Durango, donde 93 por ciento, en cada caso, de sus ingresos brutos totales provienen del presupuesto federal (93 centavos de cada peso). No muy lejos están Guerrero, con 92 por ciento; Puebla y Michoacán (91 por ciento), y Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Baja California sur (90 por ciento).

Quien suponga que los nueve estados mencionados son la excepción, la Cámara de Diputados detalla que, en realidad, esa es la norma en las 23 entidades restantes. Para no ir más lejos, el que registra la menor dependencia del centro es el Distrito Federal, donde 53 por ciento de sus ingresos brutos totales provienen del presupuesto de egresos de la federación. Desde luego que el gobierno federal explota políticamente esta espeluznante situación, pues condiciona y chantajea la entrega de recursos a cambio del apoyo irrestricto a las decisiones y dichos del inquilino en turno de Los Pinos, lo que los gobernadores, a su vez, reproducen puntualmente con los presidentes municipales de sus respectivos estados. Esa es la democracia financiera de la República.

Ninguna de las 32 entidades de la federación ni de los cerca de 2 mil 500 municipios de la República es autosuficiente en ingresos públicos, es decir, que satisfaga sus requerimientos financieros con dineros captados dentro de sus respectivos territorios, aunque sus gobernantes alegremente cacarean lo contrario, mientras sus secretarios de finanzas hacen fila en las oficinas federales de Hacienda o solicitan voluminosos créditos que después pagan, o hacen como que los pagan, con dineros de la federación.

Además del Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco son las entidades que presumen la mayor fortaleza financiera de la República, pero en los hechos las últimas dos (el dato del DF se menciona líneas arriba) son tan dependientes del centro como las demás (69 y 85 por ciento de sus ingresos brutos totales, respectivamente, provienen del centro).

Los gobernadores se aterrorizan cada que se retoma la idea –que nunca llega a la práctica– de cobrar impuestos estatales para fortalecer las arcas de la entidad, porque suponen que al hacerlo perderían popularidad, ergo, el precio político a pagar resultaría demasiado elevado, aunque en los hechos cada día que transcurre, y sin cobrar impuestos, son más impopulares.

Dieciséis estados de la República registran una dependencia financiera del centro que oscila entre 80 y 89 por ciento. En este rango destacan Aguascalientes e Hidalgo (88 por ciento de sus respectivos ingresos brutos totales provienen del presupuesto de egresos de la federación), Querétaro, Colima y Tabasco (87 por ciento, en cada caso), Yucatán, Tamaulipas, Sinaloa (86 por ciento cada uno), y Sonora, Coahuila y Morelos (85 por ciento). Otra tanda va de 69 por ciento (Veracruz) a 79 por ciento (Zacatecas).

Por el lado de los municipios, los de mayor dependencia financiera son los tlaxcaltecas, con 88 centavos de cada peso (88 por ciento de sus ingresos brutos totales), seguidos por los tamaulipecos (87 por ciento), guerrerenses e hidalguenses (84), chiapanecos y yucatecos (83 por ciento), veracruzanos (81) y campechanos (80 por ciento). Los más independientes corresponden a Baja California Sur (44) y Quintana Roo (47 por ciento).

Pues bien todos ellos, estados y municipios, resultaron afectados por el recorte del presupuesto de egresos de la federación y el desplome de los precios petroleros, pues el grueso de sus ingresos provienen de las participaciones (Ramo 28) federales. Además, reciben aportaciones (Ramo 33) federales, cuyos recursos se destinan, entre otras cosas, a cubrir la nómina educativa y gastos de operación, servicios de salud e infraestructura social estatal y municipal. Aunado a ello, los estados reciben dineros del Ramo 23 (Provisiones salariales y económicas) que se canalizan, se supone, al desarrollo regional y municipal.

Lo anterior por lo que toca a 2015, con presupuesto recortado. En 2016 la situación empeorará, pues los precios del petróleo se mantendrán en el suelo, al igual que la actividad económica, y se aplicará otro recorte al presupuesto federal, que ya algunos especialistas estiman no menor a 250 mil millones de pesos, es decir, el doble que el practicado en el presente año.

Negro panorama, pues, aunque los siempre creativos genios de la Secretaría de Hacienda dicen que ya encontraron la solución al problema (léase el gobierno federal se lava las manos): “Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos, desglosó en la Cámara de Diputados la ruta que habrá de seguir el reajuste en la administración pública federal el año próximo, y expuso: ‘estamos revisando puntualmente qué programas y proyectos de inversión pueden ser financiados de mayor manera por el sector privado. Lo que queremos es fortalecer la participación privada mediante los esquemas de asociaciones pública-privadas; estamos haciendo esa revisión puntual’” (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Las rebanadas del pastel

Para qué, entonces, el gobierno federal, si todo lo cede, amén de que sale carísimo y no da una. Allí está el Acuerdo de Asociación Transpacífico de libre comercio “que negocian en secreto los gobiernos de 12 países –entre ellos, el de México– y otorgará a los inversionistas extranjeros privilegios y derechos por encima de los nacionales, con normas y mecanismos supranacionales de resolución de conflictos que dejarán a los estados firmantes en desventaja jurídica ante los empresarios foráneos” (documento de Wikileaks proporcionado a La Jornada en exclusiva para nuestro país).

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